no de los aspectos a los cuales menos importancia se ha dado en los medios de comunicación en torno a la supuesta reforma educativa es la centralización del pago de los profesores, que ahora estará a cargo nuevamente del gobierno federal. Aunque de carácter regresivo, seguramente la medida tendrá impacto positivo a corto plazo (quizás en un año o dos), porque permitirá dar fin a algunos vicios establecidos en el Sistema Educativo Nacional.
De hecho, se trata de un claro indicio de algo más profundo, que es el regreso a la centralización de la administración de los recursos educativos por el gobierno federal, ya que en este sector la mayor parte del presupuesto para la educación básica y media superior se destina al pago de profesores y personal administrativo de las escuelas. ¿A qué se debe esta medida que da marcha atrás a un proyecto que hace poco más de 20 años el gobierno federal de entonces anunciaba con bombo y platillo como uno de los avances más importantes en la educación nacional?
Pues nada más que a la aceptación del propio gobierno federal de que no tiene forma de controlar la corrupción que permea de manera generalizada en la mayoría de los gobiernos estatales, los cuales han utilizado de manera irresponsable e ilícita los recursos puestos en sus manos para llevar educación a niños y jóvenes y darles acceso a los conocimientos y a la generación de habilidades y competencias que les permitan incorporarse a la vida productiva y cultural.
Lejos de tal cosa, a la cual se comprometieron mediante acuerdos con el gobierno federal y con la nación misma, los gobernantes estatales han visto esos recursos como botín utilizable para otros fines más idóneos a sus intereses políticos y personales. La irresponsabilidad de los gobiernos panistas de Fox y Calderón, al no exigir cuentas a los gobiernos estatales, tuvo como consecuencias directas que esos recursos fueran utilizados para realizar las costosas campañas de promoción personal de los gobernadores, tal como ha señalado la revista Proceso; para comprar votos en elecciones locales, con objeto de lograr congresos acríticos y serviles; para acallar críticas, y para pagar compromisos contraídos a espaldas de la sociedad.
Qué bien que por fin se ponga en orden a esos gobiernos, restringiéndoles el acceso a más recursos, sólo que al hacerlo se están generando problemas que no han sido previstos, porque estos gobiernos están desconociendo las deudas con sus trabajadores y con las empresas que les proveen de bienes y servicios. En algunos de estos casos el desvío de fondos ha llegado a límites difíciles de imaginar, como dejar de pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las cuotas de sus empleados, la luz que requieren las escuelas o a las empresas que brindan bienes y servicios básicos, dejándolas en la ruina y sin posibilidades de cubrir los sueldos de sus trabajadores. ¿Quién pagará ahora todos esos adeudos?
En lo que respecta a los trabajadores y en especial a los maestros, a muchos de los cuales se les debe más de un año de salario, la situación ha llegado a niveles insostenibles y con serias implicaciones sociales. La situación con las empresas proveedoras es similar y en algunos casos desesperada. En resumen, podemos decir que en buena parte del país las garantías más elementales de subsistencia están dejando de existir, igual que el estado de derecho propio de las naciones civilizadas; pareciera, sin embargo, que el gobierno federal sólo tiene capacidad para intervenir en casos extremos, como el de Michoacán.
¿Cuál es la solución a todo este problema? Nadie en el gobierno parece saberlo; sin embargo, el problema crece día con día y más pronto que tarde empezaremos a saber de situaciones que han rebasado el punto crítico.
Existen otras interrogantes: la nueva política general del gobierno en torno al sistema educativo está siendo diseñada y operada por quienes hace tiempo dirigían a su vez un gobierno estatal y por ello conocen las mañas en los otros estados, según reza el dicho de que para que la acuña apriete debe ser del mismo palo
. Esto, en un país donde la corrupción y el cinismo parecen estar enquistados en todos los niveles de gobierno, conlleva el riesgo de que la educación, dejando de ser el botín de los gobiernos estatales, pase a serlo ahora del gobierno federal.
La venta de plazas, la asignación de plazas múltiples a líderes sindicales y funcionarios menores, así como otras prácticas corruptas que se dieron en el sindicato nacional de maestros y que fueron facilitadas también por los gobiernos estatales, fueron consecuencia del esquema absurdo de descentralizar la educación, pero manteniendo centralizado el poder sindical, lo que hacía posible estos hechos. El esquema era perverso desde el inicio y qué bueno que se hayan dado los pasos normativos para desaparecerlo; sin embargo, queda nuevamente la duda, sin que el gobierno federal ofrezca la seguridad de que eso no se va a repetir, dada la realidad imperante de que en el país las reglas están para ser pasadas por encima.
En resumen, podemos afirmar que las acciones que se están dando con decisión por el gobierno federal producirán, sin duda, buenos resultados en la educación a corto plazo, pero el gobierno tiene que asegurar el estado de derecho tomando las medidas pertinentes para evitar que los costos sean pagados por la sociedad y no por quienes han sido responsables de la debacle.
Por otra parte, a más largo plazo, la concentración en la educación es definitivamente un paso atrás, no sólo por el riesgo de constituir un elemento importante para el establecimiento de una dictadura ideológica, sino que es contraria a las prácticas de la educación moderna, que son aplicadas hoy en todas las naciones desarrolladas, donde la práctica educativa es normada centralmente, pero operada no sólo a escala estatal, sino por los municipios y las mismas escuelas, permitiendo a sus profesores, directivos y padres de familia tomar decisiones pertinentes y acordes a las problemáticas de las comunidades donde ellas se ubican.
Por ello la pregunta central que debemos hacernos es si todo esto se trata del reconocimiento de un fracaso más en la educación o de una simple concentración del poder.
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