Los litigios en materia administrativa por fraudes en compras con tarjeta de crédito o débito que no son reconocidas por sus titulares van en aumento ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), mientras que los procesos penales contra presuntos falsificadores y ladrones de plásticos bancarios o de tarjetas departamentales han disminuido considerablemente en los tres años recientes.

El TFJFA tuvo un registro de 467 juicios abiertos por nulidad de pagos con uso de plásticos en el año 2011, cifra que aumentó a mil 345 en lo que va del presente año, de acuerdo con informes de fuentes judiciales.

Contrario a lo que ha sucedido en materia administrativa, los registros del Poder Judicial Federal (PJF) refieren que entre 2011 y noviembre pasado los jueces de procesos penales han iniciado cada vez menos procesos por delitos bancarios y de falsificación y utilización indebida de títulos al portador y documentos relativos al crédito.

En 2011 la Procuraduría General de la República (PGR) consignó 333 casos de fraudes por plásticos bancarios, de los que se obtuvieron 22 sentencias condenatorias.

Un año después fueron 120 averiguaciones previas las que llegaron a los jueces federales, mientras que en lo que va del presente año, han sido abiertos 14 procesos penales ante jueces del PJF por esos delitos.

La llamada reforma financiera del gobierno federal propuso incluir un reglamento que obligue a los comercios a endurecer sus medidas de seguridad a la hora de aceptar compras con esas formas de pago.

Al intentar explicar la importancia de dicho reglamento, Arturo Salinas, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, explicó en abril pasado en diversas entrevistas que es necesario que se cree un reglamento con el que se haga corresponsables a los comercios, pues es muy común que en ellos no se verifique la identidad del usuario del plástico.

El gran problema en México es que no hay una corresponsabilidad de los negocios cuando se hace un cargo indebido. Regularmente los que sufren son los usuarios, quienes tienen que pasar por un viacrucis para que les devuelvan su dinero, explicó el legislador.

Consideró que el reglamento debería obligar a los comercios a pagar los cargos indebidos, y no los titulares de los plásticos.

El fondo de los litigios que se personas físicas iniciaron ante el TFJFA buscan la corresponsabilidad de comercios y negocios que aceptan el pago de servicios o bienes con plásticos de crédito, pero sin pedir la identificación oficial de quien usa la tarjeta.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en los pasados dos años ha crecido 50 por ciento el número de quejas por presuntos fraudes por cargos no reconocidos en tarjetas de crédito o débito.

A pesar de ello no existe en México una ley que exija a los comercios a pedir una identificación a los compradores para así cotejar su firma con la del voucher.

La principal queja ante la Condusef es precisamente sobre consumos no reconocidos en tarjetas.