La escasez de suelo apto para el crecimiento urbano ordenado ha propiciado en las pasadas dos décadas el uso irregular de miles de hectáreas. Tan sólo entre los años 1983 y 1995 (según el conteo más reciente) se incorporaron al desarrollo urbano nacional 90 mil hectáreas irregularmente y 30 mil por la vía legal. La planeación urbana en México favorece los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, perjudica el entorno urbano y afecta el interés colectivo de los propietarios de la tierra.

Tales razones propiciaron que en la Cámara de Diputados se aprobara una reforma a los artículos 7, 8 y 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Así se otorgará a las entidades federativas, a los municipios y en su caso a las delegaciones del Distrito Federal, crear un programa de reservas territoriales que permita garantizar el crecimiento ordenado de las manchas urbanas. Así corresponderá a los municipios formular y ejecutar programas anuales y plurianuales de adquisición de reservas de tierra.

La iniciativa presentada por la legisladora Mirna Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), refiere que desde los años 70 del siglo pasado el crecimiento urbano a escala nacional se traduce en un creciente déficit de terrenos adecuados para la construcción de vivienda, en la carencia de infraestructura y equipamiento, y en ciudades más grandes y cada vez más numerosas.

Por ejemplo, de las 119 ciudades existentes a principios de los años 70, se llegó a 229 ciudades en los 80 y a 350 en 1995. La población asentada en ellas ha crecido en esos mismos años de 14.3 millones a 37. millones y 58.7 millones, respectivamente, con lo que el grado de urbanización nacional ha ido aumentado de 41.2 por ciento a 56.2, hasta alcanzar 64.4 por ciento.

También entre los años de 1983 y 1995 se incorporaron al desarrollo urbano nacional 90 mil hectáreas irregularmente y 30 mil por la vía legal. A esto se suma que en la actualidad hay una escasez de suelo apto para el crecimiento urbano ordenado, ya que 65 por ciento del que está disponible es ejidal o comunal. Dicha superficie, aun cuando puede ser incorporada al desarrollo urbano, tiene que pasar antes por un proceso de certificación jurídica que lleva su tiempo, en el transcurso del cual puede ser ocupado ilegalmente.

A esto se agrega que en la actualidad el requerimiento anual de suelo en las 16 ciudades principales de la frontera norte es de 6 mil 500 hectáreas. Esas ciudades son Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Agua Prieta, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros.

Y por lo que hace a las cuatro zonas metropolitanas más grandes del país (ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla) se requieren al año 5 mil 800 hectáreas en conjunto.

Desde la década de los 80 del siglo pasado se instauró un programa de reservas territoriales en el país que fracasó por el pésimo procedimiento para incorporar suelo de propiedad social al crecimiento ordenado de las ciudades.

Ante esto, refiere la iniciativa aprobada en San Lázaro, prevalece una sobrerregulación sobre los propietarios de las tierras ejidales y comunales, misma que es necesario revertir para que los gobiernos estatales y municipales planifiquen eficientemente el ordenamiento urbano.

Entre los fracasos de la zonificación territorial destaca el de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) –hoy sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social. Su desempeño debería circuscribirse a articular las zonas urbanas y agrarias para impulsar proyectos específicos de construcción de vivienda popular o crear nuevas zonas territoriales.

“De alguna manera la sectorización se da como efecto de que las sociedades entre el sector ejidal y el capital privado –iniciadas desde 1992– han tenido poco eco y tampoco han cumplido las expectativas puestas en el Programa de Incorporación de Suelo Social (PISO), de la Secretaría de la Reforma Agraria”.