Tuxtla Gutiérrez, Chis. Ayer fue liberado el dirigente estatal del Movimiento Campesino Regional Independiente, Francisco Jiménez Pablo, al lograr el sobreseimiento de su caso mediante un amparo. Se le acusaba de los delitos de privación ilegal de la libertad contra servidores públicos y robo, cometidos en Chiapas, informó su abogado Sandino Rivero Espinosa. Dijo que el líder permanecía preso en el penal de El Amate, situado en el municipio de Cintalapa, desde que fue detenido, en abril de 2010, cuando en una cafetería de la ciudad de México cabildeaba con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para que fueran liberados otros compañeros que estaban presos durante la administración de Juan Sabines Guerrero. El abogado consideró que en su detención hubo tintes políticos porque los gobiernos federal y estatal pretendían impedir que llegara a Chiapas. Por otra parte, demandó la liberación del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, preso desde hace 12 años, acusado de haber participado en la matanza de siete policías estatales en junio de 2000 en una carretera de los municipios de El Bosque y Simojovel, en el norte de Chiapas.

Durante la incursión que unos mil guardias comunitarios hicieron el martes en Tierra Colorada (cabecera del municipio de Juan R. Escudero), éstos detuvieron a 12 policías municipales y seis civiles, presuntamente vinculados con el crimen organizado, además de Óscar Ulises Valle, secretario de seguridad pública del ayuntamiento.

Ciudad Juárez, Chih. Los ayuntamientos de Ciudad Juárez y de El Paso, Texas, acordaron evacuar a 2 mil 400 familias de colonias como Ladrilleros, Felipe Ángeles y Anapra, para prevenir daños resultado de la demolición de dos chimeneas de 180 y 248 metros de altura, propiedad de la fundidora de metal Asarco –cerrada en 1999 por contaminante, ubicada del lado estadunidense de la frontera–, programada para el 13 de abril.

Naucalpan, Méx. El regidor priísta Francisco Guzmán y vecinos de la localidad presentaron este mes un amparo indirecto y al menos 20 denuncias ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la instalación de 150 parquímetros y revocar el convenio que privatizó mil 500 cajones de estacionamiento en zonas comerciales. Guzmán señaló que en su trámite del amparo indirecto número 225/13, argumentó que el ayuntamiento no licitó la contratación de los estacionómetros, violando el artículo 134 constitucional; no hubo consulta pública vecinal como lo exige el artículo 115 fracción IV, y cedió a un particular el cobro de contribuciones, entre otras faltas legales.