La iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones será presentada en la Cámara de Diputados entre el lunes y martes próximos. Su contenido pretende reforzar la propiedad del espectro radioeléctrico para la nación, y redefenirlo como de interés social.

Las fuerzas políticas que integran el Pacto por México llegaron a un acuerdo para que el documento se haga llegar a San Lázaro este viernes; no obstante, de último momento se convino que el proceso de recepción no ocurriera en ausencia del presidente Enrique Peña Nieto (quien ayer por la tarde viajó a Venezuela). Por lo tanto será al inicio de la semana próxima cuando la propuesta se entregue en la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, refirió también que la iniciativa enfatizará el debate que habrá de darse en las próximas semanas sobre la propiedad de la nación en materia del espectro radiofónico, y contendrá una propuesta para proveer a todos los mexicanos de Internet gratuito.

También se abordará la postura de las televisoras abiertas (en especial Televisa y Televisión Azteca) que se niegan a proveer sus señales a las empresas de televisión por cable. En algunos casos esas televisoras llegan a cobrar el equivalente a un dólar con 70 centavos por suscriptor que haga uso de su servicio. Lo que se pretende es que ni las transmisoras abiertas ni las cableras apliquen un monto por concepto de cobro a los televidentes.

Por la mañana, en San Lázaro el PRD organizó el foro Las telecomunicaciones en México: su impacto político, económico y social. Alejandro Navarrete, director adjunto de la Unidad de Desarrollo de Sistemas de Cofetel, expuso que la obligación de los operadores de televisión de paga (restringida), conocida como must-carry, debe incluir dentro de su servicio básico todas las señales de televisión radiodifundida debe ser compatible con la práctica del must-offer, que se entiende como la obligación de los radiodifusores de televisión (abierta) de ofrecer sus señales a los operadores de televisión de paga, cuyas redes se encuentren dentro de las áreas de cobertura de las estaciones de televisión correspondientes.

No obstante, en el país la ausencia de especificaciones y cumplimiento de estas obligaciones provoca tensiones importantes entre los radiodifusores de televisión y operadores de cable, resultando siempre el más perjudicado el público televidente.

El principal problema consiste, más que en la obligatoriedad de llevar las señales por los operadores de cable y la obligatoriedad de ofrecerlas de los radiodifsores de televisión, en las condiciones bajo las cuales los primeros puedan distribuir los contenidos de los segundos en sus redes. Entre ellas, el precio de las señales es el más conflictivo.

En México no existen las disposiciones de must-carry y must-offfer.

Para el funcionario existe una gama de alternativas que aplicar ante la aridez de la ley: llevar todas las señales radiodifundidas obligatoriamente, sin considerar su costo, o llevarlas sólo si le son ofrecidas gratuitamente. En cualquier caso las señales se deben distribuir en el mismo formato y calidad en que el operador de cable envíe el resto de su programación básica a sus usuarios. Las señales radiodifundidas deberán distribuirse íntegramente y en tiempo real.

Por su parte, José Dolores González, presidente del Comité de Desarrollo de Latin Artis (organización iberoamericana), señaló que en lo relativo al derecho a la información, previsto en el artículo sexto constitucional –en el cual se indica que el Estado garantiza tal prerrogativa, así como el derecho de réplica– la polémica se centra en el must-carry y en el must-offer.

Una de las salidas viables dentro de una iniciativa de ley pretende que las señales radiodifundidas que se incluyan dentro de los servicios de televisión restringida se transmitan de forma íntegra, sin modificaciones, incluida publicidad y con la misma calidad.