Una vez aprobada la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, es urgente que las autoridades cumplan los plazos establecidos para conformar su consejo directivo y definan sus manuales y protocolos, siempre con la participación directa de los gremios interesados, para no seguir postergando el tema o dejárselo al próximo gobierno del país, señalaron activistas de organizaciones sociales.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que es posible avanzar ya sobre puntos concretos de la ley –firmada por el presidente Felipe Calderón el pasado 23 de junio–, y no seguir retrasando cuestiones de proce- dimiento jurídico que pueden solventarse fácilmente.

Después de la promulgación de la ley –recordó el activista–, el gobierno tiene 10 días hábiles, que se cumplen mañana, para formar su primera junta de gobierno, integrada hasta el momento sólo por funcionarios, quienes tienen la obligación de convocar en un plazo de 30 días a todas las organizaciones civiles interesadas en el tema, para generar un consejo consultivo.

En dicha instancia deben participar cuatro integrantes de los gremios afectados, quienes formarán parte del consejo directivo que establecerá los protocolos, manuales y reglamentos necesarios para aterrizar la ley y crear un mecanismo de protección.

Sin embargo –lamentó–, “lo que estamos viendo es que en Gobernación buscan retrasar la aplicación de dicha norma y se ignoran los conocimientos en la materia de las organizaciones de la sociedad civil, como si fuera necesario partir desde cero.

Es urgente cumplir con los plazos establecidos en la ley y evitar perder el tiempo con medidas dilatorias. Las autoridades tienen que actuar con un criterio de Estado, no simplemente pensar que este es un problema del siguiente gobierno. No tenemos la mínima intención de echar esto abajo, porque no es patrimonio del gobierno, sino nuestro, afirmó.

Daniela Hernández, coordinadora de educación e investigación del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), consideró que el problema no es tanto que no se esté trabajando en ningún aspecto de la ley, sino que las autoridades no comunican a los grupos de la sociedad civil cuáles son los avances.

Se está trabajando en protocolos y reglamentos, pero los mecanismos de comunicación que aplica Gobernación con nosotros nunca han sido del todo claros y transparentes. No estamos contra ellos, y creemos que van a cumplir, porque los tiempos de la ley son muy claros, pero necesitamos ser incluidos, porque desde hace meses trabajamos en esto con diputados y senadores, y necesitamos que se consideren nuestros puntos de vista, enfatizó.