La decisión del gobierno federal de no promulgar la Ley General de Víctimas, con el argumento de que aún tiene imprecisiones y fallas, significa en los hechos un veto presidencial, realizado además de forma extemporánea, que da la espalda a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado, señalaron integrantes de organizaciones civiles.

Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que las supuestas observaciones enviadas por el presidente Felipe Calderón son en realidad un ataque frontal a las categorías centrales de la ley.

En primer lugar –explicó el activista–, el Ejecutivo argumentó que el Congreso no tiene atribuciones para generar una ley de víctimas –lo cual pone en duda su constitucionalidad–, ignorando que hay fundamento sobrado para ello en los artículos 1°, 17 y 20 de la Carta Magna, así como en los convenios internacionales de derechos humanos firmados por México.

El gobierno señaló también que la norma sobre víctimas se contrapone a ciertos aspectos de otras legislaciones, como la ley general de educación, lo cual no tiene ningún fundamento, y por último sostiene que es un error no utilizar a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), instancia hechiza, improvisada y ornamental que nunca cumplió con su cometido, dijo Cantú.

Asimismo –indicó–, el veto presidencial llegó fuera de tiempo, pues el mandatario tenía únicamente hasta el 20 de junio para presentar alguna observación –como establece el artículo 72 constitucional–, y lo hizo apenas el 1° de julio.

Para Cantú, la negativa de Calderón a promulgar la ley de víctimas es una argucia legal que sólo busca seguir con una política de simulación en materia de derechos de los afectados, que además tiene una intencionalidad política muy clara, ya que postergó la decisión del veto por motivos electorales.

Por su parte, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró que aunque fueron mínimos los cambios realizados a la ley antes de su aprobación en el Congreso, ese factor complicó el trámite de forma innecesaria.

Hubo errores en el trabajo legislativo que se sumaron a las objeciones del Ejecutivo; quizá eran para mejorar la ley de víctimas, pero significaron la detención de su entrada en vigencia. Por privilegiar la celeridad, salió con muchas deficiencias, pero creo que lo mejor sería publicarla y empezar a aplicarla, aseveró.

En contraposición, el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis García López-Guerrero, consideró que al no promulgar la legislación, el Presidente simplemente está ejerciendo una facultad constitucional, cuyo objetivo es hacer precisiones a una herramienta legal muy importante, para hacerla más eficiente y dar mayor cobertura a las víctimas.

Esta ley es muy importante, por ello se exige que no haya cabos sueltos o imprecisiones. Sería muy lamentable que quedara en el olvido, porque hay 12 millones de víctimas al año que deben tener acceso a la justicia, pero no conviene verlo así. Debe haber un ánimo de construcción, y no creemos que la ley se retrase mucho, porque las observaciones son menores y se solventarán rápido, estimó.