La política pública de criminalización de las drogas y del aborto tiene un efecto desproporcionado contra las mujeres, especialmente las pobres, e incide directamente en el abuso de la prisión preventiva, situación alarmante si se toman en cuenta las condiciones de hacinamiento en que viven dentro de las cárceles, señala un informe sobre la situación de acceso a la justicia para ese sector de la población en el país, elaborado por la organización Equis: Justicia para las Mujeres.

A raíz de la reforma constitucional de 2008, la ley impone prisión preventiva automática para una serie de delitos considerados graves.

Destaca que “en relación con delitos contra la salud, esta reforma sobre prisión preventiva obligatoria tiene un impacto diferenciado y desproporcionado en las mujeres. En relación con la situación jurídica, una de cada tres es acusada o sentenciada por delitos del fuero federal, la gran mayoría por delitos contra la salud (66.96 por ciento).

La mitad de la población femenil analizada presenta un riesgo institucional bajo y 85.92 de ellas son primodelincuentes. En la mayoría de los casos se les hallaron cantidades menores de droga, sin que ellas tuvieran conocimiento sobre el traslado de estas sustancias. Sin embargo, muchas permanecen en prisión preventiva y no se les dan beneficios de preliberación, asienta el documento.

Por lo que hace al aborto, destaca que los códigos penales de varias entidades lo contemplan como delito grave y aplican directamente la prisión preventiva. Aunado a la violación del derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, el uso obligatorio de la prisión preventiva en los delitos de aborto es una práctica discriminatoria sistemática, y violatoria de artículos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), indica el reporte, elaborado para el Comité de dicho órgano con ocasión de su 52 periodo de sesiones, el 17 de julio próximo.