Desde que comenzó la llamada guerra contra el crimen organizado, las violaciones de derechos humanos han ido en aumento en el país, entre ellas la tortura, con el pretexto de que para alcanzar la seguridad, a veces es necesario sacrificar las garantías individuales de la gente.

Esta es una de las conclusiones del informe En nombre de la guerra contra la delincuencia: un estudio del fenómeno de la tortura en México, realizado por el colectivo francés Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), en colaboración con diversas organizaciones mexicanas, entre ellas el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

En el documento, de 70 páginas, se advierte que hoy día parece imposible considerar que la tortura en México es un fenómeno residual o en curso de erradicación, y aunque admite que no se trata de una práctica nueva, recalca que se ha incrementado durante el sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con la investigación de ACAT –realizada durante una visita a México entre el 2 y el 18 de julio de 2011, periodo en que se reunió con activistas, víctimas de tortura y funcionarios de diversos niveles–, el discurso oficial sobre la guerra contra el narco ha sugerido la necesidad de renunciar en parte a los derechos humanos, con tal de garantizar la seguridad pública.

En esa medida, alertó, se ha incrementado el número y el tipo de delitos supuestamente vinculados con la delincuencia organizada, al tiempo que ha aumentado la criminalización de la protesta y de los movimientos sociales, y se han promulgado medidas de excepción que refuerzan los poderes autoritarios y arbitrarios de las fuerzas de seguridad.

Uno de los recursos judiciales que más han impulsado la comisión de tortura, subrayó, es el arraigo, ya que en el periodo de detención restringe las garantías judiciales y el acceso a una defensa legal, y hace posible que los agentes de seguridad pública recurran a malos tratos para obtener confesiones autoincriminatorias.

Aunque admite que el país tiene un marco legislativo desarrollado en materia de derechos humanos, ACAT manifestó que las herramientas legales seguirán siendo pólvora mojada hasta que las autoridades no se decidan a aplicarlas a fondo.

Por lo anterior, el informe recomendó a autoridades del país suprimir la figura del arraigo de manera total e inmediata y reformen el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para excluir de su jurisdicción los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles, y los transfiera a cortes regulares. Asimismo, pidió que el Estado armonice sus definiciones de tortura según estándares internacionales en la materia; otorgue validez a los peritajes del Protocolo de Estambul; adopte reglamentos de aplicación para la puesta en marcha de la reforma de 2008 al sistema de justicia penal, y refuerce mecanismos de control interno y rendición de cuentas de cuerpos policiacos, el Ministerio Público, las procuradurías y los jueces.