yer, en la sede del Instituto Federal Electoral, los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República suscribieron un pacto de civilidad convocado por el consejero presidente de ese órgano, Leonardo Valdés Zurita, en el que se comprometieron a aceptar el resultado de la elección federal del domingo próximo, sea cual sea; a renunciar, durante la jornada comicial, a toda forma de violencia y de coacción del voto, y a acatar los fallos de las autoridades correspondientes.

A contrapelo de los compromisos incluidos en ese documento, la suscripción del mismo ocurre con el telón de fondo de la proliferación de prácticas ilícitas y antidemocráticas: en los pasados tres meses la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha llevado a cabo más de 300 consignaciones por diversos ilícitos, y en las oficinas de esa dependencia se acumulan, hasta ahora, más de medio millar de quejas y averiguaciones previas en torno a posibles violaciones a las normativas vigentes en la materia. El propio IFE investiga unas 17 quejas por presuntas operaciones financieras irregulares, a las que habría que añadir la denuncia, formulada ayer por representantes de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, por el supuesto reparto de cientos de miles de tarjetas de débito de tiendas de autoservicio para comprar el voto en favor de Enrique Peña Nieto. En las redes sociales proliferan fotos y videos que documentan la comisión de irregularidades graves, desde la manipulación de paquetería electoral hasta maniobras de compra o coacción del voto.

A estos hechos, indicativos de la suciedad que afecta al proceso electoral en curso, deben sumarse los flagrantes derroches en propaganda –que presumiblemente excedieron los topes de campaña de 330 millones de pesos– no investigados ni sancionados hasta ahora, así como la repetición de las campañas de desprestigio, descalificación y hasta difamación de los adversarios, las cuales quedaron prohibidas por la reforma electoral de 2007.

En tal circunstancia, el pacto de civilidad que se firmó ayer en el IFE corre el riesgo de quedar en un mero acto de simulación, bajo el cual prosiga la realización de acciones ilícitas de inducción o compra del voto, manoseos ilegales del material electoral y operativos de sufragio corporativo, prohibidos por la ley, como el que lleva a cabo la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en favor de Peña Nieto, documentado en estas páginas hace unos días.

Para que la elección del próximo domingo sea en efecto legal y pulcra, no bastan las promesas de los participantes; se requiere, en cambio, de voluntad política real de las fuerzas contendientes y de los poderes fácticos –especialmente los mediáticos y empresariales– para ceñirse estrictamente a las disposiciones legales y para permitir la libre emisión de la voluntad ciudadana en las urnas.

Es también necesario que las instituciones electorales se comporten como no pudieron o no quisieron hacerlo en los desaseados comicios de 2006, es decir, como árbitros y jueces electorales coherentes, firmes e imparciales, más allá de toda duda.

En este sentido, resulta lamentable la reunión sostenida el pasado miércoles entre el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y el propio Valdés Zurita: aunque fue formalmente anunciada como un acto protocolario para garantizar la certeza y la seguridad en la jornada comicial, en la circunstancia actual un encuentro semejante –innecesario e improcedente, por cuanto el IFE es una institución autónoma, con facultad y obligación de operar en forma plenamente independiente– alimenta los rumores y susceptibilidades en torno a tratos inconfesables entre los participantes o injerencias indebidas del poder presidencial en los comicios. Está fresco aún el recuerdo del ilegítimo sometimiento que protagonizó el antecesor de Zurita, Luis Carlos Ugalde, ante el entonces presidente Vicente Fox en las turbias elecciones de hace seis años.

Si partidos e instituciones electorales no corrigen su desempeño estarán condenando al país a un nuevo conflicto poselectoral de consecuencias impredecibles y, en el menos peor de los casos, a la conformación de un segundo gobierno carente de legitimidad, como el que está a punto de concluir.

En suma, a unas cuantas horas de la realización de los comicios, el conjunto de los involucrados debe comprender que en el actual proceso están operando en los límites de credibilidad de los procesos democráticos. De persistir en las prácticas tradicionales de distorsión de la voluntad popular y opacidad, terminarán por agotar tal credibilidad y harán, con ello, un gravísimo daño al desarrollo político del país, a la ciudadanía, a la institucionalidad republicana y a sí mismos.