Un saldo claro a fin de sexenio en México, y particularmente en Chiapas, es que la tortura es el mecanismo privilegiado de investigación policial y de control utilizado por agentes estatales, a pesar de que existen normativas vigentes a escala estatal, nacional e internacional para prevenirla y sancionarla, sostiene el amplio informe De la crueldad al cinismo, del Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), al demostrar que la tortura es una práctica generalizada y legitimada por las autoridades chiapanecas.

Queda clara su ineficacia para erradicarla, señala el documento de cerca de 100 páginas. Sólo entre enero de 2010 y diciembre de 2011 el organismo documentó 47 casos de tortura en Chiapas, ocho mujeres y 39 varones, a quienes el Frayba considera sobrevivientes de este crimen de lesa humanidad. El lector de La Jornada además puede recordar que decenas de presos indígenas en la entidad que han luchado por su libertad a lo largo de este sexenio, tanto los que lograron su libertad como los que aún no, fueron torturados en su momento, en ocasiones por motivos políticos.

El informe identifica como practicantes rutinarios de la tortura, con evidente método, a policías federales, estatales y municipales, funcionarios del Ministerio Público, militares en funciones, autoridades judiciales y carcelarias. En determinados casos participan también civiles de organizaciones oficialistas, algunos caracterizados como paramilitares.

En Chiapas, “los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se han convertido en una práctica ‘normal’ y aceptada por las autoridades de procuración, administración de justicia, tolerada por el Ejecutivo del estado”. Esto hace que la mayoría de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no procedan o encuentren obstrucciones en su integración, y por tanto queden impunes. Esta conclusión se sustenta en la información documental con que cuenta el Frayba, cotejada con la información proporcionada por el mismo gobierno estatal, que en 2010 registró 11 casos de presunta tortura, de los cuales consignó ante el juez sólo un responsable, y detuvo a dos funcionarios de cinco que estaban acusados. Para junio de 2011, el gobierno sólo tenía un caso en investigación.

De la crueldad al cinismo. Informe sobre la tortura en Chiapas (Jovel, junio de 2012) describe a detalle los patrones de tortura realizada por funcionarios y servidores públicos del gobierno de Juan José Sabines Guerrero, así como los efectos sicológicos y médicos que ocasionan. Se incluyen los casos documentados en los dos años anteriores, así como un análisis esquemático de los métodos y patrones de actuaciones de los perpetradores.

Se registran y analizan las experiencias de 47 víctimas en 15 municipios: Acala, Bella Vista, Comitán, Chilón, Huixtla, El Porvenir, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Lo mismo contra indígenas que mestizos. La mayoría se produjeron en actividades relacionadas con la procuración de justicia y la implementación de una política de seguridad pública en el contexto de la guerra declarada contra el crimen organizado por el presidente Felipe Calderón.

Los casos conocidos por el Frayba indican que este acto subsiste sobre todo entre miembros la Policía Ministerial adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para obtener información o una confesión firmada. Por estos hechos el Estado es responsable por acción directa y omisión, ya que una vez perpetrada la tortura no interviene para sancionar a los culpables, garantizando la impunidad y legitimando esta violación a las garantías.