A partir de hoy, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresarán a la capital del país, donde reinstalarán un campamento informativo en el zócalo, el cual, dependiendo de las circunstancias, podría transformarse en un plantón.

La agrupación de profesores disidentes que se opone a la aplicación de la evaluación universal destacó que su rechazo obedece a que ese instrumento es una certificación laboral para el ingreso, permanencia y promoción del magisterio, lo que en la vía de los hechos se traduce en una contrarreforma laboral, porque ya no se respetará el escalafón, la antigüedad ni la preparación. En cambio, los resultados de la prueba, como recomendó la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económicos, serán los que certifiquen si el maestro es apto para dar clases.

El secretario general de la sección 18 de Michoacán, Jorge Cázares, indicó que este martes retomarán las pláticas en la Secretaría de Gobernación –aunque la hora está por confirmarse– para reiterar su exigencia de que las autoridades desistan de las demandas penales interpuestas contra integrantes de la CNTE por impedir la aplicación de la Evaluación Nacional de Logro Académico (Enlace) en escuelas estatales.

El campamento informativo que reinstalarán este día estará integrado por una representación de docentes michoacanos, ya que rotarán la participación con diferentes contingentes de los estados.

El miércoles se reunirá la dirección política ampliada de la CNTE en la sección 9 del Distrito Federal y el sábado se llevará a cabo la Asamblea Nacional Representativa, a las 12 horas, en Morelia, Michoacán, para definir el plan de acción frente a la aplicación de la evaluación universal los días 23, 24 de junio y 6 de julio.

Cázares dijo que es mentira que dicho examen sea una evaluación y enfatizó que los maestros quieren una evaluación en la que se les tome en cuenta y también se analicen los presupuestos al sector, el desempeño de los funcionarios y las políticas educativas.

La mal llamada evaluación universal es la contrarreforma laboral que no han logrado imponer los diputados, apuntó. Sin embargo, dijo, mediante las modificaciones realizadas a la Ley General de Educación, en la fracción séptima del artículo 12, el gobierno se mete en la parte laboral para facultar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a realizar certificaciones para decidir si estamos aptos para trabajar con los educandos.

Francisco Bravo, líder de la sección 9, enfatizó que las amenazas del gobierno federal no detendrán su lucha.