ras más de tres años de suspensión, se reiniciaron ayer los procesos judiciales –que se desarrollan en un tribunal militar en Guantánamo– en contra de cinco presuntos responsables de haber organizado los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Washington, Nueva York y Pensilvania. Significativamente, el hecho se produce el mismo día del arranque formal de la campaña de relección del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien hace cuatro años adoptó como una de sus principales promesas el cierre de esa base militar convertida en prisión ilegal en territorio cubano.

Es pertinente recordar, con independencia de la culpabilidad o inocencia de Khalid Sheikh Mohammed –presunto cerebro de los ataques–, Walid bin Attash, Ramzi Bin al-Shibh, Mustafá al-Hawsawi y Ali Abdul Azis Ali, que los procesos en su contra representan en sí mismos una mascarada de justicia, en el mejor de los casos, o una instancia particularmente atroz de la trayectoria criminal e inhumana que ha caracterizado a la superpotencia sobre todo a partir de las presidencias de George W. Bush, en el peor. Iniciados en 2008 tras más de cinco años de detención arbitraria, incomunicación, torturas y negación de los derechos básicos de los inculpados, los juicios citados han estado plagados de irregularidades tan palmarias como la negación del acceso a tribunales civiles regulares para los acusados, con el argumento de que son combatientes, y la resistencia a reconocerlos, por otro lado, como integrantes de una fuerza enemiga, lo que les habría garantizado el estatuto y los derechos reservados a los prisioneros de guerra. Las gravísimas distorsiones al procedimiento judicial en que ha incurrido el gobierno de Washington han merecido la condena de organismos humanitarios y de parte de la opinión pública internacional, en cuya percepción estos juicios son sólo la preparación de un terreno para legitimar penas capitales y constituyen, en consecuencia, actos de venganza más que de justicia.

Los procesos reiniciados ayer, en suma, son un botón de muestra del sistemático atropello de los derechos humanos cometido por el gobierno de Washington en Estados Unidos y en extensas regiones del orbe en el curso de la última década, que se ha traducido en las cruentas invasiones de Afganistán e Irak; en las cárceles clandestinas en Pakistán, Afganistán y diversos países de Europa del este, Asia central y Medio Oriente; en las redes de vuelos secretos de la CIA para trasladar secuestrados entre uno y otro centros de detención y tortura; en las documentadas atrocidades en la prisión iraquí de Abu Ghraib; en el severo recorte de libertades civiles y de garantías individuales que se impuso mediante la llamada Ley Patriótica firmada por George W. Bush poco después de los atentados; y también, por supuesto, en la instalación y operación del campo de concentración de Guantánamo.

Es probable que la persistente condena internacional a esas y otras acciones de terrorismo de Estado realizadas por el gobierno de Bush haya tenido un papel importante en la derrota electoral que sufrió el Partido Republicano en noviembre de 2008, y en la elección de Barack Obama, quien, como candidato, prometió el cierre de Guantánamo en el curso de la primera mitad de su administración. Pero antes de ese plazo, el actual ocupante de la Oficina Oval se rindió ante las dificultades burocráticas y las presiones de los grupos más belicistas y conservadores de la clase política estadunidense, y el cierre de esa prisión infame ha sido postergado de manera indefinida.

Ahora, en el día que Obama inicia formalmente su carrera por la relección tiene lugar, también, la reactivación de un proceso judicial que, de haberse concretado los planes iniciales del actual mandatario, tendría que estarse desarrollando en tribunales civiles. El hecho representa, pues, un dato ominoso para los sectores que otorgaron su voto al primer presidente no caucásico de Estados Unidos y para el propio Obama, pues hace suponer que su primer periodo presidencial concluirá sin que haya sido capaz de restituir la legalidad en Estados Unidos, severamente quebrantada durante las administraciones de Bush, y por emprender un viraje general en el gobierno de su país.