Hace siete años, la adolescente Silvia Stephany Sánchez Ortiz fue levantada en Torreón, Coahuila, por una supuesta red de trata de personas, sin que hasta el momento el gobierno de esa entidad haya hecho lo suficiente para encontrar a la joven, lo que ha obligado a sus padres a hacer por su cuenta el trabajo que correspondería realizar a las autoridades.

Fue el 5 de noviembre de 2004, cuando sólo contaba con 16 años de edad, que Fanny –como la llama su familia– no llegó a su casa a la hora en que normalmente lo hacía, lo cual motivó a sus padres, Silvia Ortiz y Óscar Sánchez, a presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Al ver que las autoridades no les brindaban ninguna ayuda, su familia comenzó a hacer pesquisas con sus propios recursos, y llegó a la conclusión de que el probable responsable de la desaparición sería Jesús Ramón Ruelas García, El Moyo, quien ya había ubicado a la adolescente cuando pasaba frente a una cantina de su propiedad, y la habría raptado con posibles fines de trata de personas.

Dos años después

Poco después de la desaparición de la joven, su hermano Michel se percató de que unos hombres lo seguían en un centro comercial, y aunque fueron aprehendidos por la policía, sus datos y los de su vehículo fueron cambiados, sin razón aparente. El desinterés del gobierno de Coahuila es tal, lamentó Óscar Sánchez, que inició una averiguación previa sobre el tema hasta 2006, dos años después de la desaparición. Nada más se han dedicado a entorpecer las investigaciones. Estamos desamparados, inmersos en un estado de impunidad total, de corrupción, de falta de garantías para los ciudadanos.

Otra de las burlas que debieron soportar de las autoridades, señaló, fue el hecho de que la ex fiscal de delitos contra mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR), Alicia Pérez Duarte, les dijo en 2007 que ya habían ubicado a Fanny en Texas, les pidió que fueran ellos mismos a buscarla y les dio una dirección en una zona de más de 45 mil habitantes, donde a final de cuentas no pudieron hallarla.

A siete años de la desaparición de su hija, Silvia Ortiz piensa que lo peor que nos puede pasar son los cambios de gobierno, porque con ellos las investigaciones vuelven a empezar de cero. La última esperanza de la familia es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, pero si esta opción falla, podría recurrir a la Organización de Naciones Unidas o solicitar asilo.