Después de dos décadas de que iniciaron los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, ayer el Senado aprobó en comisiones tipificar como delito grave el feminicidio, con penas de 40 a 60 años de cárcel y una multa de 500 a mil días de salario a quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

La minuta procedente de la Cámara de Diputados que reforma el Código Penal Federal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Digna Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, fue modificada en varios artículos, por lo que una vez que se apruebe en el pleno será devuelta a la colegisladora para continuar con el proceso.

Estas reformas en materia de derechos de las mujeres incluyen el Código Penal Federal, en donde se indica que la reparaci`ón del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, y comprenderá cuando menos la restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuera posible, el pago del precio de la misma, o su valor actualizado.

En comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, los senadores no aceptaron derogar, como lo aprobaron los diputados, los apartados de lenocinio y trata de personas, y sí aceptaron eliminar definiciones no jurídicas, como la lujuria.

Definieron en el artículo 325 del Código Penal Federal que “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

“Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días de multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

La minuta aprobada ayer en comisiones sanciona también la discriminación, fraude familiar y derechos reproductivos.

También en el Código Penal Federal se modifica el artículo 260 y se sanciona con penas de seis a 10 años de prisión y multa de hasta 200 días a quien comete el delito de abuso sexual, sin el propósito de llegar a la cópula.

De igual forma se aumenta de 8 a 20 años la pena a quien comete el delito de violación, en lugar de los 6 a 14 años con que se castiga actualmente.