Por unanimidad, el Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de prohibir explícitamente el empleo de esa práctica y evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia toda persona sometida a arresto, detención o prisión.

La modificación se hizo debido a que hace 21 años, cuando se aprobó dicho ordenamiento, no se incluyó la prohibición expresa de la tortura. Además se le cambió la denominación para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Con los cambios efectuados a dicha ley se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar visitas y supervisiones en reclusorios civiles y militares, estaciones migratorias y otros centros de retención, para evitar que se torture a los detenidos; se aumentó la penalidad a quien cometa ese delito. Actualmente tiene condenas de 3 a 12 años, y pasó a 7 y 12 años de cárcel, y se advierte que se investigará y se perseguirá de oficio.

En las sanciones también se incrementó la multa para quien cometa el delito de tortura, en lugar de los 250 días de salario mínimo y hasta 500 con que hoy se castiga, se elevó a 500 y hasta mil días de salario, y si quien la realiza es servidor público, quedará inhabilitado de manera permanente para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

Rubén Fernando Velázquez, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y uno de los impulsores de esta reforma, dijo en el pleno que la tortura en México se aplica de manera sistemática, a pesar de la existencia de una base legal desde 1991 para prevenirla y sancionarla.

Tortura sistemática

Resaltó en tribuna que el Comité Contra la Tortura, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha registrado 204 casos de alegatos de tortura, de los cuales 71 son mujeres y 133 hombres. El aumento de estos casos se ha vinculado principalmente a las políticas de seguridad emprendidas para el combate al crimen organizado y a la vigencia del arraigo.

Armando Contreras Castillo, también senador del PRD, refirió que durante el sexenio que corre la CNDH ha emitido 176 recomendaciones por tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por el Ejército, la Marina y los cuerpos de policía. De estos, hay 113 casos cometidos por militares y policías.

De igual forma, durante la sesión el pleno aprobó reformas a la Ley de la CNDH para detallar que los menores de edad pueden presentar quejas ante ese organismo cuando se cometan violaciones a sus derechos, y no cuenten con la compañía de un adulto.

Asimismo se aprobó en el pleno una modificación al artículo 10 de la CNDH para que en el caso de que el ombudsman concluya el periodo para el que fue electo y el Senado no haya podido designar a un sucesor, el primer visitador general asumirá las responsabilidades, sin perder su carácter, y deberá atender los asuntos urgentes.