n un documento presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que forma parte de su Informe sobre la estabilidad financiera mundial, el organismo presidido por Christine Lagarde señala que a medida que las poblaciones envejezcan en las próximas décadas, consumirán un porcentaje creciente de recursos, ejerciendo presión sobre los balances públicos y privados, y afirma que ello constituye un riesgo financiero para los gobiernos y las entidades que ofrecen prestaciones jubilatorias definidas, que tendrán que pagar más de lo esperado en pensiones y prestaciones de la seguridad social. A renglón seguido, el FMI señala que, para neutralizar esos posibles efectos, los gobiernos deben aumentar la edad de la jubilación, ligar ésta a la esperanza de vida, recortar las pensiones, incrementar los montos de las cotizaciones y contratar, con aseguradoras privadas, coberturas para ese riesgo de que la gente viva más de lo esperado.

Es innegable que el incremento en la longevidad de las poblaciones –lo cual es, en principio, un dato positivo– va aparejada de un aumento en la carga fiscal de los estados y en el gasto de los propios individuos, no sólo en el terreno de las pensiones, sino también en el ámbito de la salud pública, como reconoció recientemente la Secretaría de Salud federal. La perspectiva resulta tanto más desoladora en naciones como la nuestra, donde los servicios de sanidad a cargo del Estado y los sistemas de pensiones acusan severas deficiencias en el presente, en buena medida debido al abandono presupuestario derivado de la adopción del modelo neoliberal en curso.

Pero si el diagnóstico formulado por el FMI parece acertado, las propuestas de solución de ese organismo son cuando menos cuestionables, en la medida en que siguen la tendencia a optar –ante las dificultades económicas presentes y futuras– por el sacrificio de la población y a reducir a las personas a la condición de meros indicadores macroeconómicos.

En el caso que se comenta, dicha inercia es particularmente descorazonadora, por cuanto presenta a los jubilados, es decir, a quienes han contribuido durante años, con su trabajo, a la productividad y a la generación de riqueza en sus respectivos entornos, como una amenaza para la estabilidad macroeconómica de las naciones. Aunque en el documento referido se señala que el riesgo de las reformas sugeridas debe estar distribuido entre los particulares, los organizadores de los planes de pensiones y el gobierno, es claro que la mayor parte de los costos que conlleven recaerá en las personas. Baste citar, como ejemplo, el caso de nuestro país, donde las reformas al sistema de pensiones logradas en años anteriores –y justificadas, por cierto, con base en argumentos similares a los del FMI– han derivado en circunstancias desventajosas para los trabajadores y en una jugosa oportunidad de negocio para las empresas privadas encargadas de administrarlas.

Otro aspecto criticable de la propuesta del FMI es que, al plantear en forma general una disminución en las pensiones y un aumento en la edad de jubilación, no toma en cuenta las diferencias sociales abrumadoras que persisten en países como México, que se reproducen en todos los grupos poblacionales por edad y que se reflejan en un mayor deterioro de la salud y en una menor esperanza de vida de los sectores menos favorecidos. De tal forma, un retroceso en los derechos a la jubilación como el sugerido por el FMI afectaría, ante todo, a los integrantes de los estratos sociales más bajos, y profundizaría, en esa medida, la brecha de la ya grave desigualdad social.

En una coyuntura como la actual, caracterizada por estados que han sido llevados a la condición de languidez y a la renuncia de muchas de sus atribuciones más elementales, resulta lógico que éstos sean incapaces de atender las problemáticas que padecen sus economías y poblaciones. Lo pertinente, en suma, es revertir esa situación y restañar a los aparatos estatales de los recursos y de los mecanismos de bienestar necesarios para que puedan hacer frente a los retos actuales y futuros.