Ante las críticas de que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) no incorporaron las modificaciones propuestas por organizaciones defensoras de derechos humanos y diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), la Comisión de Justicia decidió aplazar por tercera ocasión la aprobación del dictamen con el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.

Durante la sesión ordinaria de la comisión, el coordinador del PT, Pedro Vázquez González, cuestionó que no se suprimió del proyecto la posibilidad de que militares o marinos puedan realizar órdenes de aprehensión sin orden judicial, lo que de hecho legalizaría los operativos contra la delincuencia organizada, como se quería con la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.

Este riesgo sigue vigente, a pesar de que el Estado mexicano está obligado a tomar medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole para cumplir con los compromisos asumidos de acuerdo con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo.

El presidente de la comisión, Humberto Benítez Treviño, concedió una semana de plazo para continuar el debate y aceptó recibir, este jueves a las 13 horas en su oficina, a integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y a organizaciones defensoras de derechos humanos que quieran presentar sus propuestas.

Así, la única postura para exigir que el documento se aprobara fue la del diputado del PAN Óscar Arce Paniagua, porque incluso su compañera de bancada María Antonieta Pérez expresó que ante las dudas muy objetivas sobre el alcance de la reforma, era preferible escuchar las posturas de otras bancadas y de los defensores de derechos humanos.

No obstante, Arce Paniagua calificó las observaciones de PRD y PT como totalmente absurdas, porque –alegó– no se abre la posibilidad de detenciones extrajudiciales. Además, no todas las recomendaciones se pueden incluir, porque entonces tendrían que hacer un Código de Hammurabi y otro de procedimientos penales, exclamó.

Vázquez González detalló que desde hace un mes, él y el diputado Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) enviaron un documento en el que explicaban que, al definir en el código la posibilidad de que no sólo el Ministerio Público sino cualquier autoridad pudiera llevar a cabo detenciones en la comisión de delitos graves, permitía la intervención de militares y marinos.

Además, refirió, se incluyeron nuevos supuestos de delitos graves, entre éstos la copia no autorizada de obras, conocido como piratería. Si así fuera, para todos los que viven en la economía informal, en particular a quienes venden productos pirata, las cárceles no alcanzarían. Y tan sólo en el Distrito Federal se requeriría un policía en cada vagón para detenerlos, alertó.

También refirió que en el caso concreto del artículo 310 propuesto en la redacción del proyecto se incluye la posibilidad de entrega vigilada de drogas o armas a la delincuencia organizada, para tratar de aprehender a sus integrantes. “Esto se desvía a inducir la comisión de delitos más que a la investigación, y estaríamos legalizando operativos como Rápido y furioso que aplicó Estados Unidos para la detección de armas, lo cual es muy grave”.

A nombre del PRD y PT, Pedro Vázquez presentó 70 reservas en lo particular al dictamen, que fue aprobado en lo general hace un mes y cuya votación final ya se pospuso tres veces.