Madrid, 26 de abril. La Abogacía General del Estado y el Ministerio del Interior de España anunciaron hoy que van a impugnar todas las listas electorales que presentará la coalición Bildu, antes de las elecciones municipales de mayo.

El intento de criminalizar a los candidatos de la coalición nacionalista vasca estuvo avalado por el vicepresidente primero del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aseguró que la policía cree que la formación política está en la estrategia de ETA.

Bildu está integrada por dos partidos políticos con una trayectoria democrática intachable en el País Vasco, Eusko Alkartasuna, que formó gobierno durante dos legislaturas con los nacionalistas moderados, y Alternatiba, surgida de una escisión de Esker Batua.

El supuesto carácter delictivo de los candidatos de la coalición está en que son miembros de ella algunos ciudadanos sospechosos, como periodistas, sindicalistas o luchadores sociales.

La coalición política reúne a las fuerzas separatistas y de izquierda y mantiene en sus estatutos un firme compromiso con la paz y en contra el uso de la violencia, incluida la de ETA.

Pero ahora la abogacía y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunciaron que presentarán una demanda contra todas las listas de Bildu y otra más para impugnar sólo 30 listas, que serían las que supuestamente tienen más fundamento para ser ilegalizadas.

Oskar Matute, dirigente de Bildu y fundador de Alternatiba, denunció la auténtica persecución política que estamos viviendo y que al parecer tiene mucho que ver con los intereses electorales del opositor Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Español.

Añadió que lo único que pueden pretender ahora es cambiar las reglas de juego, las condiciones exigibles para intentar situarnos fuera de la ley, pues Bildu ha cumplido la ley de forma escrupulosa, por eso nada tenemos que temer.

En otro contexto, el polémico juez español Baltasar Garzón impugnó ante el Tribunal Supremo la segunda suspensión de funciones dictaminado por el órgano judicial contra él, convirtiéndolo en el primer juez español en ser apartado por intentar investigar los crímenes de la dictadura fascista de Francisco Franco (1939-1975).

El magistrado primero fue apartado de sus responsabilidades por el caso de las torturas y desapariciones durante el franquismo y, en su segunda suspensión, por su actuación en un macroproceso judicial abierto contra decenas de dirigentes, cargos públicos y diputados del derechista PP que, entre otras cosas, investiga una presunta financiación irregular.