Buenos Aires, 26 de abril. El fiscal argentino, Juan Martín Romero Victorica, integrante de la Cámara de Casación penal, fue acusado de tener fuertes vínculos con la pasada dictadura militar por una joven hija de desaparecidos. El magistrado justificó su pasado al señalar que hubo un terrorismo marxista que quiso ocupar el país, no tengo ninguna duda. Muchos consideran que estoy a favor de los militares porque tuve presos a terroristas y subversivos,

Romero Victorica ha obstaculizado juicios de derechos humanos en la Cámara de Casación Penal, por lo que figura en una lista cada vez más amplia de magistrados colaboradores de la dictadura que permanecen desde entonces en sus cargos, como han denunciado organismos de derechos humanos y el gobierno nacional.

Victoria Montenegro, una nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo en 2000 reveló los vínculos del fiscal con la dictadura y con quien se apropió de ella, que era un funcionario al que le pasaba todos los datos sobre la marcha de la causa que lo comprometía en el robo de niños nacidos en cautiverio o robados a sus padres luego desaparecidos.

Montenegro creció en manos de su apropiador, el coronel del ejército Hernán Tetzlaff, y gracias a la causa iniciada por Abuelas de Plaza de Mayo pude recuperar mi verdadera identidad a los 25 años.

El fiscal, acusado también por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por defender al general Ibérico Saint Jean, ex gobernador de facto de la Provincia de Buenos Aires, negó su vínculo con el coronel apropiador de Montenegro, pero los testimonios son contundentes.

Otra acusación en su contra data de octubre de 2008 en el caso de la desaparición del testigo Jorge Julio López, quien fue clave para la condena a cadena perpetua de una de las figuras temibles de la dictadura: el ex comisario Miguel Etchecolatz, cuando el legislador Marcelo Parrilli consideró que la falta de protección a los testigos estaba relacionada con el hecho de que en la Cámara de Casación había gente directamente vinculada al aparato judicial y a las fiscalías de la dictadura como Romero Victorica; Pedro Narvaiz, también fiscal de Casación, y al ex juez Alfredo Bisordi”. Los acusó de ser partícipes necesario de los secuestros, torturas y desapariciones.

Romero Victorica intentó varias veces detener causas, excarcelar a acusados o pedir la anulación de condenas. Su historia se remonta a los tiempos de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) organización criminal que actuó entre 1973 y 1976. Uno de los jefes de la misma, Gustavo Adolfo Eklund, mantiene hasta hoy una larga amistad con el fiscal, a quien intentó salvar de su detención..

El testimonio de Montenegro impactó en las últimas horas en el marco del juicio por el robo de niños durante la dictadura, cuando señaló sin dudar al fiscal, al que se querellará finalmente.

La joven nació el 31 de enero de 1976 y fue secuestrada con sus padres, quienes fueron desaparecidos; Hilda Torres y Roque Montenegro, en febrero de ese año en Lanús, provincia de Buenos Aires. Localizada por Abuelas de Plaza de Mayo en agosto de 2000, se reencontró con su familia en junio de 2001.

La niña fue apropiada por Tetzlaff y su esposa María del Carmen Eduartes, quienes la registraron como María Sol Tetzlaff, nacida el 28 de mayo de 1976 con ayuda del médico Juan Carlos Zucca, quien firmó la falsa acta de nacimiento.

El padre adoptivo actuó además en grupos de tareas bajo el apodo de Gordo José y fue una figura importante en el centro Clandestino de Detención El Vesubio, y en acciones conjuntas con el Batallón de Inteligencia 601 que tuvo participación en la Operación Cóndor.

El testimonio de un hombre que trabajó en la marina y cuya hija desapareció con su nieta en junio de 1976 permitió descubrir que Tetzlaff se quedó con una niña, después del secuestro de los Montenegro.

Este testigo logró llegar hasta el ex general Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares, quien confesó que existían normas para que los hijos de zurdos caigan en hogares bien constituidos y mencionó que había una estructura dentro de las Fuerzas Armadas para apropiarse de los hijos menores de matrimonios zurdos con el fin de enderezarlos.

Este caso fue uno de los cinco que sirvieron como base para la detención del dictador Jorge Rafael Videla, considerado autor de la práctica de robo de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar.