Número 149
Jueves 3 de diciembre
de 2008


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

Medicamentos: El muro de los precios y las recetas para brincarlo En 2007 los tratamientos contra el sida le costaron al erario mil 700 millones de pesos. Son las macro cifras de las políticas públicas, que en el caso de las enfermedades crónico degenerativas cada año elevan la factura, sobre todo por los altos precios que se pagan por los medicamentos de patente. Fernando Mino

Vivir con VIH es un golpe emocional, pero también económico. En 2007 el tratamiento anti sida costaba entre tres mil y nueve mil pesos mensuales, dependiendo de la combinación de fármacos prescrita al paciente.

En el mundo el tema de los precios de los medicamentos antirretrovirales es espinoso y motivo de disputas políticas y económicas. En medio hay un negocio de miles de millones: tan sólo en el segundo trimestre de 2007 el laboratorio estadunidense Abbott ganó 315 millones de dólares por las ventas globales de su medicamento patentado Kaletra.

Negociaciones en México, un respiro
A principios de 2007 la organización civil AIDS Healthcare Foundation (AHF) empujó la discusión sobre el costo excesivo de los medicamentos antirretrovirales en México. Un ejemplo ilustra el problema: el muy utilizado Kaletra, que en países del sur de África es vendido en unos 500 dólares anuales, le cuesta al gobierno mexicano más de cuatro mil 250 dólares al año por paciente.

La consigna de AHF es lograr la disminución de los precios de los antirretrovirales en 50 por ciento, a través de la negociación con los laboratorios y, de no lograrse, exigir al gobierno federal que declare la licencia obligatoria, única salida legal para comprar fármacos genéricos en el mercado internacional a menores precios sin romper con los acuerdos comerciales asumidos por el país.

El gobierno optó por negociar sin la sociedad civil. En febrero de 2008 creó la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, que sumó a la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para fijar precios unificados en los medicamentos que compran las instituciones públicas de salud a la industria farmacéutica y así terminar con la extendida práctica de las compras sin control que sólo incrementan, aún más, el costo de los fármacos.

El resultado de la negociación fue bueno, según Jorge Saavedra, el director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), entrevistado por Letra S; “algunos de los medicamentos más importantes redujeron sus precios”, señala. La lista con los precios reducidos no se acerca a la disminución del 50 por ciento, pero permitirá ahorrar cerca de 200 millones de pesos anuales.

El laboratorio Merck Sharp & Dohme (MSD) aceptó reducir 40 por ciento del precio del efavirenz, mientras que Glaxo Smith Kline bajó el mismo porcentaje al abacavir. Pero Abbott se negó a reducir el precio de Kaletra.

También consultada por Letra S, Patricia Campos, Jefa de la Oficina para América Latina de AHF, considera que la reducción obtenida aún no es suficiente y recalca que la sociedad civil debe ser incluida en las negociaciones entre las instituciones de salud y la industria farmacéutica. Saavedra, por su parte, asegura que la disminución acordada “representa un respiro, aunque los precios siguen siendo altos”.

Otra de las exigencias de AHF fue finalmente adoptada, pese a la oposición de la industria: la eliminación del requisito de planta, una vieja disposición proteccionista que exigía la instalación de una fábrica en el país a cualquier laboratorio que buscara exportar a México sus productos.
La medida permitirá abrir las licitaciones de medicamentos genéricos —de patente libre— al mercado internacional y así reducir los precios. Si bien el beneficio es mínimo, pues los genéricos aún representaron este año alrededor de cinco millones de pesos, el impacto podría aumentar en el corto plazo, pues uno de los medicamentos más prescritos, la lamivudina, recién caducó su patente.

Los precios no son monolíticos
97 por ciento de las patentes se concentra en los países desarrollados, por lo que las crisis de salud que afectan a los países pobres suelen chocar con los intereses de las farmacéuticas internacionales. No obstante, la presión ha abierto espacios para negociar. “En los últimos dos años hemos visto que los precios de los medicamentos antirretrovirales no son monolíticos y que es posible reducirlos”, dijo en la ONU el secretario de Salud José Ángel Córdova, a nombre del Grupo de Río, que suma a la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe.

Los países que componen la Organización Mundial de Comercio reconocieron en 2001 que en casos de “emergencia nacional” es posible decretar licencias obligatorias para fabricar o adquirir fármacos genéricos, aunque sus sustancias mantengan una patente. La opción ha sido poco aplicada por la presión de las grandes compañías farmacéuticas, muchas veces apoyadas por los países desarrollados.

El conflicto entre Abbott, con sede en Chicago, y el gobierno de Tailandia muestra las maniobras de la industria, pero también que a la larga la presión social funciona. En 2006 las autoridades de Tailandia decretaron la licencia obligatoria para fabricar un genérico de Kaletra; en represalia el laboratorio bloqueó la entrada a ese país de una nueva versión del fármaco, mejorado para resistir su almacenaje sin refrigerar.

Luego de protestas sociales alrededor del mundo y de la intermediación de la Organización Mundial de la Salud, Abbott anunció en 2007 que bajaría el precio de Kaletra a mil dólares anuales en varios países de ingreso medio, incluyendo a Tailandia.

Claroscuros en Latinoamérica
Ese mismo 2007 Brasil utilizó el recurso de la licencia obligatoria. En el caso del efavirenz, el gobierno decretó la fabricación de genéricos luego de que el laboratorio MSD se negara a reducir el precio, que alcanzaba los 580 dólares anuales por paciente; Brasil pretendía una reducción de 60 por ciento, MSD sólo propuso dos por ciento. Para Veriano Terto, coordinador de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de Sida, el licenciamiento sienta un precedente jurídico importante que lo diferencia de la quiebra de patentes: “La licencia obligatoria está dentro de la legislación. Brasil pagará derechos de 1.5 por ciento a Merck”. Cerca de 70 mil brasileños con VIH toman efavirenz.

Meses después el gobierno brasileño inició negociaciones con Abbott sobre Kaletra; se obtuvo una reducción de casi 30 por ciento. El fármaco le cuesta ahora a esa nación mil dólares al año por paciente.

Colombia, por su parte, ha registrado durante los últimos meses movilizaciones desde la sociedad civil para lograr que el gobierno decrete la licencia obligatoria también para Kaletra, pues el tratamiento supera los mil 600 dólares anuales por paciente. Para Patricia Campos, “Abbott se ha caracterizado por su falta de voluntad, pero también de visión, pues la reducción de precios permite que el mercado crezca en volumen y sea sustentable. El mejor camino en este caso, ante la negativa de este laboratorio a negociar, es el de las licencias obligatorias”.

Argentina también está en medio de otro conflicto de patentes, en este caso con Bristol-Myers Squibb, por la didanosina. El gobierno de ese país lanzó una licitación en 2007 para comprar una versión genérica, pero el laboratorio acudió a los tribunales, alegando que una mejora en los comprimidos había ampliado el periodo de la patente. El caso sigue su curso y la adquisición de genéricos está detenida.

Estrategias aparte, la presión sobre la industria farmacéutica es una sola: los altos precios de los medicamentos de patente son un muro que hay que franquear de una u otra forma si se quiere dar una respuesta efectiva al VIH.

S U B I R