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México D.F. Lunes 16 de agosto de 2004

A un mes de que estalló el conflicto político en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde se ubica Cancún, se ha ahondado la confrontación entre los protagonistas; por un lado está Juan Ignacio García Zalvidea, presidente municipal constitucionalmente electo, pero desconocido por el Legislativo local, y por el otro el gobernador de la entidad, Joaquín Hendricks Díaz. Sin duda uno de los efectos más graves del conflicto es que se ha puesto en entredicho la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En entrevista con este diario, el ministro en retiro Juventino Castro y Castro señala que en el "caso Cancún" han predominado "las razones políticas, publicitarias" y de otro tipo -vale decir, propagandístico- por encima de los tiempos jurídicos, lo que ha provocado un impacto negativo en la imagen y el prestigio del máximo tribunal del país. El ministro precisa que hasta el momento la Suprema Corte no ha dictado ninguna sentencia ejecutable, sino sólo ha adoptado "medidas circunstanciales", particularmente el reconocimiento a García Zalvidea como la autoridad constitucionalmente electa de Benito Juárez. Sin embargo, dado que priva un ambiente de confusión, existe la impresión en la opinión pública de que se ha burlado a la corte, lo cual no es así, explica el entrevistado.

Resulta preocupante que sea el propio gobernador estatal quien ha contribuido a este deterioro de la imagen del Poder Judicial, al pretender restar validez a las medidas que ha tomado la ministra Olga Sánchez Cordero en respuesta a tres controversias constitucionales presentadas por el presidente municipal depuesto, censurándola por su actuación y pidiendo incluso que renuncie. Es evidente, a estas alturas del conflicto, la indebida intromisión de Hendricks Díaz en un conflicto que se planteó en un inicio como un asunto de malos manejos en las finanzas del ayuntamiento y que, en todo caso, ameritaba la intervención de los mecanismos de fiscalización existentes, y no del jefe del Ejecutivo local. A la luz de los hechos que se han sucedido desde el pasado 17 de julio -la destitución inconstitucional del alcalde electo en las urnas y el remplazo del cabildo por un concejo municipal nombrado con toda celeridad por el Congreso local e integrado con ciudadanos elegidos por el mandatario del estado; el arresto de García Zalvidea fincándole, sin sustento, cargos por sedición, motín y sabotaje, entre otros, y recientemente las denuncias sobre el uso de golpeadores contra sus simpatizantes y sobre la entrega de recursos económicos al concejo sustituto a pesar de que existe una suspensión de la Corte en ese sentido-, se puede afirmar que las autoridades estatales han violentado la legalidad al pasar por encima de la Constitución, restar validez a las medidas decretadas por la Suprema Corte de Justicia y usar la fuerza pública contra una parte de la ciudadanía, todo motivado por una rivalidad política en función de la cual todo parece permitido.

Cabe apuntar que este conflicto no sólo tiene implicaciones políticas, sino también graves consecuencias económicas, dada la importancia de Cancún como uno de los principales polos turísticos del país, y del turismo como la segunda fuente de divisas. El ambiente de confrontación e inestabilidad causa un impacto negativo en la imagen de ese balneario como atractivo para los visitantes extranjeros, de lo cual es prueba la recomendación del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos de abstenerse de viajar a ese destino.

En suma, los actores políticos pasan por alto que al violentar la legalidad están afectando gravemente el régimen democrático que tanto ha costado a la sociedad mexicana edificar.