Analistas: poco probable, que se recuperen para bajar el costo del rescate bancario

Detectan auditores créditos irregulares por $36 mil millones en tres bancos

Este monto detectado en Bancomer, Bital y Banorte, más los $45 mil 200 millones de Banamex y Serfín, sumarían 81 mil millones para descontar de los pagarés del Fobaproa

ANTONIO CASTELLANOS E ISRAEL RODRIGUEZ

La Auditoría Fiscal de la Federación detectó 36 mil millones de pesos en créditos irregulares de Bancomer, Bital y Banorte que fueron asumidos por el ahora extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), los cuales se suman a los créditos relacionados por 45 mil 200 millones de pesos previamente identificados en Banamex y Serfin. De lograrse la recuperación de estos fondos, el costo del rescate bancario podría reducirse hasta en 39 por ciento.

Analistas financieros consideraron que la recuperación de estos empréstitos, considerados irregulares por haberse otorgado a accionistas de los mismos bancos, será poco probable porque los grupos financieros han impedido que se realicen las auditorías correspondientes, a través de los juicios de amparo.

Este es uno de los puntos más controvertidos incluidos en el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que será presentado hoy lunes conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estos créditos relacionados o irregulares fueron asumidos por el desaparecido Fobaproa, incluso con intereses moratorios, situación que no estaba permitida por la ley, pero que avaló el comité técnico del organismo.

La Auditoría Superior de la Federación recomendará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que este monto sea descontado del total de los pagarés del Fobaproa, que actualmente ascienden a 208 mil 409 millones de pesos.

No se espera respuesta satisfactoria

Las autoridades financieras del país contarán con 45 días hábiles para responder; sin embargo, es poco probable que haya una respuesta satisfactoria debido a que los despachos de auditores también se han negado a entregar los papeles de trabajo, aduciendo que se violaría el secreto bancario.

Según informes preliminares de analistas, ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Cámara de Diputados han acudido al Poder Judicial para obligar a los bancos y a los despachos de auditores a que se sometan a la revisión para hacer el canje de los pagarés Fobaproa.

De acuerdo con la posición fijada por el auditor, los 45 mil 200 millones de pesos de Banamex y Serfin y los 36 mil millones de Bancomer, Bital y Banorte sumarían 81 mil millones de pesos que se descontarían del costo del rescate bancario, pero este proceso podría retrasarse hasta 2005, año en que se tendrá que pagar el mayor monto de los pagarés por su vencimiento.

Los banqueros se oponen a nuevas auditorías, argumentando que ya se efectuaron cuando se contrató el despacho del auditor canadiense Michael MacKey.

Los informes preliminares consideran que el comité técnico del Fobaproa, encabezado por Martín Werner, en ese entonces subsecretario de Hacienda; Javier Arrigunaga, director del Fobaproa, y Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, permitió que se utilizaran recursos de los contribuyentes para apoyar a bancos que no estaban en riesgo de quiebra ni tenían necesidad de capitalización.

Por ejemplo, en el caso de Banamex, los dueños Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú se beneficiaron con recursos de los contribuyentes al participar en el programa de capitalización y compra de cartera que estableció el gobierno en 1996 y 1997, cuando esta institución no requería una inyección de recursos. Posteriormente vendieron este banco al poderoso grupo estadunidense Citigroup en una operación por 12 mil 250 millones de dólares sin que pagaran impuestos, debido a que se realizó a través del mercado de valores.