Teniente coronel del 21 regimiento podría ser acusado de falsear declaraciones

Indagan vínculos entre militares y narcos

JESUS ARANDA

El Ministerio Público Militar inició acciones que podrían concluir con la consignación penal del teniente coronel Luis Vázquez Hernández, ex segundo comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizada (RCM), con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el presunto delito de falsedad de declaraciones y lo que resulte, ya que incurrió en presuntas inconsistencias cuando rendía ayer su testimonio en el consejo de guerra que se le sigue al general Ricardo Martínez Perea y a los ofi- ciales Ricardo Antonio Quevedo Guerrero y Pedro Maya Díaz.

Por su parte, el abogado de Martínez Perea, Roberto Rojas Acuña, sostuvo que la actuación de la fiscalía militar podría ser considerada como una "intimidación" no sólo por el amago de ejercer acción penal en su contra, sino porque, de acuerdo con la legislación castrense, cuando se tiene la sospecha de que un testigo mintió, el procedimiento en su contra debe iniciarse al terminar el consejo de guerra y no durante el mismo, por lo que, sostuvo, éste es un elemento que se suma a las violaciones del proceso que han tenido lugar en el juicio.

Cuando Vázquez Hernández rendía su testimonio, que en términos generales apoyaba las versiones de los acusados en cuanto a que no tenían vínculos con narcotraficantes, el agente del Ministerio Público Militar Gerardo Salazar Bolaños pretendió interrogarlo respecto a si tenía conocimiento de que el general Perea hubiera permitido el uso de vehículos no oficiales o confiscados en labores del 21 RCM. Sin embargo, la abogada defensora del general, Enriqueta Rodríguez, objetó el interrogatorio recordando que ya había una sentencia de amparo en favor de su cliente por parte de un juez federal sobre el delito de robo de vehículos y que, por tanto, no había lugar a hacer cuestionamientos al respecto.

Ante su insistencia se le permitió al fiscal hacer una pregunta directa sobre los vehículos, a la que el teniente coronel respondió que no tenía conocimiento. En ese momento, el Ministerio Público solicitó al presidente del consejo copia certificada de las respuestas del oficial, "para los efectos legales correspondientes".

Basado en el artículo 658 del Código de Justicia Militar, referente a la posibilidad de actuar legalmente cuando se considere que se falsearon declaraciones, el secretario del consejo dio lectura a los artículos del citado código que imponen un castigo de dos años de prisión a quien declare falsamente, afirmando o negando pruebas, lo que puede derivar en una condena de dos años de prisión por declarar falsamente.

Ante la gravedad del caso, el presidente hizo una pregunta directa respecto al uso de vehículos no oficiales para combatir al narcotráfico por parte de elementos del 21 Regimiento. El teniente coronel respondió: "no me enteré de que se utilizaran vehículos civiles para combatir al narcotráfico y para el servicio interno de la unidad; que yo sepa, no".

La situación del declarante se había complicado momentos antes, al ser cuestionado sobre el uso de radios de comunicación por parte de los elementos del 21 RCM cuando estaban en labores de vigilancia, ya que en lugar de usar el radio Harris, que forma parte del equipo oficial de comunicaciones, los soldados y oficiales utilizaban equipos de radiocomunicación y teléfonos no autorizados.

Según la fiscalía, una de las pruebas principales en contra de Martínez Perea es que tenía en su computadora personal un programa para poner en sintonía los radios que utilizaban sus elementos. La frecuencia estaría arreglada de tal manera que narcotraficantes al servicio de Gilberto García Mena El June y de Osiel Cárdenas Guillén (del cártel del Golfo) tendrían acceso a esa frecuencia y sabrían de los movimientos de los militares para así burlar la vigilancia y pasar la droga a Estados Unidos por la zona limítrofe que está en la jurisdicción del citado regimiento.

De acuerdo con otros testimonios ya rendidos, la información confidencial que transmitía el mando a los grupos de vigilancia -como los que comandaban el teniente Quevedo y el capitán Maya- se hacía por medio del radio Harris, mientras el otro equipo servía para comprobar únicamente que no hubiera novedad.

Sin embargo, el teniente coronel no fue claro respecto al manejo del equipo de radiocomunicación, lo que incluso le valió cuestionamientos del propio presidente del consejo y de tres vocales, ante los cuales reconoció que era responsable, como jefe operativo, de no haber elaborado un manual de uso de los radios de comunicación para evitar que información confidencial fuera transmitida por este medio.