Los magistrados impugnan la asignación presupuestaria aprobada por el Congreso estatal

Acepta la SCJN controversia del tribunal yucateco

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 6 de febrero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a una controversia constitucional -la segunda en un mes- que presentaron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY), con la cual impugnan la asignación del presupuesto 2003 que propuso el Ejecutivo local y que aprobó el Congreso estatal.

En entrevista, Angel Prieto Méndez, titular del Poder Judicial yucateco, informó que cinco de los seis magistrados estatales se inconformaron ante la reducción de los recursos que se les asignaron este año. Recordó que el TSJY pidió un incremento de ciento por ciento para el ejercicio fiscal de 2003 y se le otorgó un incremento de 40 por ciento, con lo que recibió 45 millones de pesos.

Prieto Méndez sostuvo que mediante los recursos económicos, el gobierno y el Congreso estatales pretenden manipular las acciones de los magistrados, y de esta forma violentar la soberanía del Poder Judicial.

Añadió que la controversia se interpuso el 29 de enero y el martes pasado se le dio el visto bueno, lo que garantizará "el análisis profundo" en cuanto a la actuación de los legisladores estatales, "sobre todo los emanados de las filas panistas", quienes votaron por negar el aumento que solicitaron los magistrados.

Esta no ha sido la primera polémica entre los poderes Ejecutivo y Judicial de Yucatán. A finales de diciembre de 2002 y a principios de enero, el gobernador Patricio Patrón Laviada calificó como una "vergüenza" la aplicación de la justicia en la entidad y llamó "corruptos" a los magistrados. En respuesta, el TSJY recurrió al Senado de la República para pedirle "frenar" los ataques de que se dijo víctima por parte del mandatario.

Según Angel Prieto, ex diputado priísta local, Patrón Laviada acusó de corrupción al TSJY en referencia a Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de cárcel por dar muerte a su esposa, Flora Ileana Abraham Mafud, caso juzgado que, no obstante, se reabrió en 2002 por orden del Poder Ejecutivo estatal.

Posteriormente, la Legislatura de Yucatán, con la votación mayoritaria del PAN, exigió al Poder Judicial que se retractara de su solicitud ante el Senado, pero los magistrados optaron por interponer una controversia constitucional ante la SCJN y ésta falló a su favor.

Prieto Méndez aseguró que, con estas acciones, se pretende "controlar al Tribunal de Justicia" y someterlo a las decisiones del gobernante en turno. Añadió que una instancia como el TSJY requiere de recursos económicos para solventar sus necesidades y procurar una mejor impartición de la justicia.