Insisten PRI y PRD en legislar sobre testigos protegidos

La condena a generales, medida contra la impunidad

Cuestionan qué tan justo es "combatir la delincuencia con delincuencia"; proponen debate nacional sobre el tema

ANDREA BECERRIL Y RENATO DAVALOS

Senadores de PRI y PRD consideraron que la condena a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, a quienes un consejo de guerra encontró culpables de tener vínculos con el narcotráfico, debe verse como una medida para evitar la impunidad y sancionar a toda autoridad que se involucre en el comercio ilegal de drogas.

Sin embargo, advirtieron que es necesario analizar la figura de testigo protegido en la legislación mexicana, porque, "aunque los testimonios de éstos no fueron el único elemento en que se basaron los jueces militares para declarar culpables a los generales mencionados, queda la incertidumbre por el hecho de que no todos los acusadores fueron careados con los acusados, además de que no hay ninguna garantía sobre la fidelidad de sus dichos", señaló el priísta José Antonio Aguilar Bodegas.

Dijo que debe legislarse en la materia para decidir qué tan justo es que "se combata la delincuencia con delincuencia". Hay que valorar, insistió, que si bien se lucha contra un delito por medio de los testigos protegidos, "se da impunidad a éstos, quienes también son delincuentes".

El también priísta Alejandro Gutiérrez y el perredista Antonio Soto Sánchez propusieron que haya un debate nacional sobre el tema, y que con base en éste el Congreso decida los ajustes requeridos a dicha figura" en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Es necesario definir hasta dónde puede creerse lo dicho por testigos como Adrián Carrera, también involucrado con el narcotráfico, y qué tanto deben valer para la justicia sus acusaciones, o las de otros también testigos protegidos, quienes nunca aparecieron, comentó el perredista Soto.

En entrevistas por separado, los legisladores coincidieron en que el juicio y la sentencia condenatoria a los dos militares no demeritan al Ejército Mexicano como institución, ni deben abrir de nuevo el debate sobre la pertinencia de que las fuerzas armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico.

"Creo que más bien deben verse como una medida para impedir que cualquier autoridad se involucre en ese comercio ilegal de drogas. Es una manera de poner freno a la impunidad, sin importar rangos ni altos cargos, para ir ganando la batalla al narcotráfico", comentó el coahuilense Alejandro Gutiérrez. Consideró que lesionaría más que el Ejército ocultara hechos delictivos de alguno de sus integrantes, sólo para que su imagen no fuera dañada.

Aguilar Bodegas recalcó que es correcto combatir la impunidad, y no debe pasarse por alto que fue el mismo Ejército el que inició el juicio contra Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo. "Si bien esto no deja de afectar a las fuerzas armadas, tampoco va a cambiar el altísimo grado de respeto que tienen en el país, sobre todo si se toma en cuenta que es la misma institución la que está atenta a evitar que el narcotráfico se introduzca en sus estructuras".

El senador priísta insistió en que la decisión tomada, luego del juicio de guerra a los generales, es que "cualquier autoridad involucrada en el narcotráfico va a ser sancionada".

El perredista Antonio Soto Sánchez, integrante de la Comisión de Defensa del Senado, hizo notar que seguramente los cinco generales integrantes del consejo de guerra, además de los testimonios de los testigos protegidos, tuvieron todos los elementos para declarar a los militares culpables de narcotráfico.

No se permitirá la simulación en juicio sobre la guerra sucia: René Lobato

Resulta poco creíble que los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo hayan sido juzgados por narcotráfico y no por asociación delictuosa. La credibilidad del Ejército, que pretende ser recobrada con el juicio de estos militares, dependerá de que el proceso que se seguirá a ambos por su vinculación y los crímenes cometidos en la guerra sucia, sea llevado hasta sus últimas consecuencias y sin ambigüedades, declaró el secretario de derechos humanos del PRD, René Lobato.

Detalló que el proceso que se siguió a ambos militares generó incertidumbre, porque finalmente no hubo una condena por el delito primordial y más penado en el proceso que culminó este viernes.

Al respecto, comentó que en el juicio debieron considerarse otras agravantes, y no pretender descansar el peso de éste en los testimonios de testigos protegidos de dudosa credibilidad. Recordó que Adrián Carrera fue señalado hace tiempo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

René Lobato expuso la necesidad de gestar y generar reformas en el Ejército para permitir que la sociedad tenga ante sí una institución transparente y con una clara rendición de cuentas.

Sólo con un proceso de esa naturaleza, añadió, podría pensarse que se revertiría la penetración que el narcotráfico ha dejado sentir en el Ejército, e incluso detener su crecimiento, el cual se ha agravado en los últimos tiempos.

En relación con el juicio por los crímenes de la guerra sucia, Lobato aclaró que no se permitirá simulación alguna en el transcurso del proceso. De su transparencia dependerá que sea recobrada la credibilidad que ha perdido el Ejército por los escándalos en que se ha visto involucrado en los últimos años.

Se encuentra en juego no sólo la credibilidad de la institución armada, sino también la imagen del gobierno foxista, que ha llenado de avances y apologías los discursos en torno a los derechos humanos.

Además, apuntó, se trata de una deuda histórica con un pasado que no puede olvidarse, y menos conservarse en los cajones de la impunidad. Ambos generales tendrán que responder a cabalidad por los crímenes y las desapariciones, primordialmente en los años 70, que suman casi centenar y medio.