Sergio Rodríguez Lascano

Antes de investigar, punto final

En diciembre de 2001, por fin, el Senado de la República decidió ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994. Parecería que con esto se estaba dando un paso fundamental hacia la solución de este terrible problema, pero desgraciadamente no tenemos nada para alimentar nuestra esperanza. De la misma manera que en otros puntos fundamentales que podrían asegurar una base firme para lograr una transición a la democracia, el Estado mexicano da un paso adelante para, inmediatamente después, dar dos pasos atrás. Y cualquiera, hasta los funcionarios del gobierno de Fox que atienden la problemática de los derechos humanos, sabe que caminar de esa manera solamente permite retroceder.

El Senado, con el monitoreo de la patéticamente célebre Mariclaire Acosta, decidió ratificar la convención, pero al mismo tiempo formular una reserva y una declaración interpretativa. Al hacer esto se está violando el contenido fundamental de la convención, y sobre todo se comete una nueva burla en contra de las víctimas y los familiares de esa terrible práctica, la desaparición forzada, que fue caracterizada por la resolución 47/133 de la Asamblea General de Naciones Unidas como un crimen de lesa humanidad. Veamos por qué.

La reserva del Senado de la República se refiere al reconocimiento del fuero de guerra de los militares que cometieron el delito de la detención/desaparición, con lo cual se les garantiza que no serán juzgados por tribunales civiles.

Y, por otro lado, con la declaración interpretativa se plantea que las disposiciones de dicha convención se aplicarán a los hechos que se ordenen, ejecuten o cometan con posterioridad a la entrada en vigor de lo aprobado por el Senado.

Con estos dos puntos se viola el artículo IX de la convención, el cual plantea lo siguiente: "el delito de desaparición forzada de personas sólo podrá ser juzgado por las jurisdicciones de derecho común competentes de cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular militar. Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares". Y el artículo III: "Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".

Lo cual nos permite concluir que se está violando el artículo XIX de la misma, que a la letra dice: "Los estados podrán formular reservas a la presente convención en el momento de firmarla, ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la convención".

Con la reserva y con la declaración interpretativa, el Estado mexicano está garantizando la total impunidad para los que cometieron y ordenaron la desaparición de cientos de mexicanos.

Ahora bien, Ƒpara qué sirve una fiscalía especial que investigue las desapariciones si desde antes de que presentara su plan de trabajo, desde antes de que les pidiera muestras de sangre a las madres de los desaparecidos de Sinaloa, desde antes de que abriera pomposamente sus oficinas en Guerrero, desde antes de que siquiera dé inicio a la investigación, ya no tiene materia de trabajo? ƑO será que de lo que se trataba realmente era de crear una parafernalia que sirviera para tener algo que responder, cuando en sus constantes giras por el mundo el señor Fox es cuestionado sobre la violación de los derechos humanos en México?

Cuando en Argentina se decidió llevar a cabo la investigación sobre la guerra sucia, se nombró una comisión especial, encabezada por el gran escritor Ernesto Sábato -no por un gris burócrata-, la cual realizó un trabajo impecable. Los criminales y torturadores directos y sus jefes fueron sentados en el banquillo de los acusados. Al final, de una manera impúdica, el jefe de Estado decidió perdonar a todos y elaboró la Ley de Punto Final.

En México, antes de hacer cualquiera de estas cosas, ya se les perdonó, nadie será investigado, nadie será sentado en el banquillo de los acusados. A pesar de que el Estado mexicano fue pionero en la aplicación de la guerra sucia, y en particular del terrible método de las desapariciones forzadas; solamente Guatemala y Brasil llevaron a cabo estas acciones con anterioridad.

Convalidar lo anterior sería no solamente permitir la impunidad sobre una de las más indignantes y vergonzosas violaciones a los derechos humanos que se han dado y se siguen dando en nuestro país, sino también no procurar justicia a esos ciudadanos mexicanos que fueron y son víctimas de lo que la misma CNDH denominó guerra sucia, y burlarse de los familiares de esos mexicanos que por años han llevado el dolor a cuestas de no saber sobre sus seres queridos. Todo esto gracias a una "amnistía" tramposa, por hipócrita e ilegal.

Desde luego, la vida es más compleja de como se la imaginan los burócratas que desde un escritorio planean cómo burlarse de la lucha por los derechos humanos, promoviéndose por un supuesto conocimiento de las organizaciones y las personas que luchan en favor de los mismos y vendiendo la idea de que la mayoría está lista a recibir dinero a cambio de sus familiares.

Yo no sé si alguien va a aceptar eso, lo que sí sé es que los integrantes del Comité Eureka, encabezado por doña (como nunca esta palabra es merecida) Rosario Ibarra, están iniciando una campaña nacional (apoyando la controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia el jefe de Gobierno de la ciudad de México sobre este tema, a sugerencia de dicho comité) e internacional en contra de esa nueva maniobra estatal. ƑSabrán esos grises burócratas qué significa la palabra dignidad?