Un tribunal federal determinó que la empresa trasnacional Calizas Industriales del Carmen SA de CV (Calica), filial de Vulcan Materials, podrá ingresar a los predios de cantera únicamente para realizar labores de restauración en la zona explotada bajo supervisión de la autoridad ambiental, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La dependencia indicó que “les resultó favorable este resolutivo” del vigésimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, con sede en la Ciudad de México –dado a conocer el miércoles pasado–, pues representa un logro importante para el gobierno federal en la defensa de sus recursos naturales.

La medida se deriva del amparo que interpuso Calica en enero pasado para seguir con la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La Semarnat argumentó ante el tribunal que la solicitud de Calica sobre la suspensión para que se permita la restauración debe incluir elaborar un programa desde el inicio del proyecto, restaurar corredores de fauna silvestre, reforestar, así como hacer un cronograma, según se determinó en la autorización ambiental otorgada en 2000.

Señaló que dentro del juicio de nulidad administrativa, “se demostró con pruebas periciales que Calica explotó el doble de lo autorizado, por lo que en los más de 50 juicios promovidos por la empresa desde 2022, no ha logrado que se le permita continuar con la extracción de roca caliza”.

Además, la empresa no obtuvo todas las concesiones de agua que debía y jamás solicitó un permiso forestal.

Mantienen demanda contra el país

A su vez, Calica mantiene la demanda internacional contra el país por la expropiación de terrenos en la mina en Quintana Roo. El gobierno de México solicitó anuencia para contrademandar internacionalmente a Vulcan Materials, de la que es filial la empresa, mecanismo legal que está pendiente de resolución ante un tribunal de arbitraje internacional.

El 1º de octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que busca llegar a un acuerdo con la empresa antes del arbitraje internacional.