Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que la actuación del Órgano Interno de Control (OIC) pone en riesgo la autonomía del instituto y atenta contra la independencia de quienes toman las decisiones.

“Vivimos en un sistema democrático, con competencia electoral intensa, donde el árbitro debe ser neutral y determinar apegado a la ley, aunque resulte molesto para quienes ostentan el poder, y estas decisiones deben ser libres, autónomas y tomadas en un ambiente de seguridad jurídica, no bajo la amenaza de persecución política. Es indispensable que cuidemos la autonomía e independencia del INE”, advirtió la consejera Dania Ravel.

El OIC continúa con el proceso administrativo contra seis consejeros que en 2021 votaron en favor de prorrogar el proceso de revocación de mandato y, de no haber algún viraje, el expediente irá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por lo pronto, a petición de Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ayer se retiró de la sesión el juicio general promovido por la consejera Claudia Zavala contra la actuación del OIC, y posiblemente se enrole hasta la sesión de la próxima semana.

El magistrado Felipe Fuentes propone la no intervención del TEPJF en este tema, con lo que se avalaría la continuidad del proceso abierto por el OIC.

Por su parte, el consejero Martín Faz alertó que la aprobación del proyecto de Fuentes, en los términos circulados a sus colegas, “estará sentando un gravísimo precedente al permitir a un órgano administrativo intervenir para inhibir el sentido del voto de los consejeros del INE, vulnerando así su autonomía e independencia. ¡Muy preocupante”.

En tanto, Ravel subrayó que el caso trasciende las afectaciones individuales y pone a prueba la independencia de la autoridad electoral.

Señaló que el TEPJF es la instancia que tiene la facultad de revisar las determinaciones del INE, pero no castiga el sentido del voto.

Destacó que el asunto trasciende el proceso abierto contra seis personas, pues marca una pauta para que el OIC castigue los votos que no gusten.

Dijo que el procedimiento administrativo fue abierto frente a decisiones colegiadas, tomadas en el pleno del Consejo General, donde sus integrantes ejercieron sus funciones con base en criterios técnicos y jurídicos.

En sus redes sociales explicó que la autonomía del INE significa que los ciudadanos pueden ir a sufragar “sabiendo que nada está escrito”.

Antes –agregó–, “el gobierno elaboraba la lista nominal de electores y otras actividades cruciales, a partir de lo cual decidía quienes podían ejercer ese derecho; los resultados eran previsibles y ganaban los mismos de siempre y, por supuesto, existía nula confianza ciudadana en la autoridad; por eso los mexicanos exigieron reglas claras y un árbitro electoral autónomo, cuyos integrantes voten sin tener que calcular las consecuencias políticas.

“Es indispensable que esa autonomía e independencia perduren, no sólo ante una eventual reforma electoral, sino diariamente, con los criterios que se generan por diversas autoridades”.