Lima. Miles de jóvenes peruanos marcharon en ciudades de la costa del Pacífico, los Andes y la Amazonia para exigir la renuncia del presidente interino José Jerí y de los integrantes del Congreso, así como la derogación de leyes que a su entender favorecen la criminalidad y en rechazo al crimen organizado por la ola de extorsiones y asesinatos sin precedentes.

Al menos 75 personas resultaron heridas en enfrenamientos ocurridos en esta capital, informaron las autoridades al cierre de esta edición.

La protesta de organizaciones juveniles autodenominadas Generación Z se produjo en medio de un alza de los reportes de asesinatos y extorsiones. Aunque en el mundo dicha denominación corresponde a los menores de 30 años, en Perú las protestas incluyen también a sindicalistas y familiares de civiles muertos en las manifestaciones de 2022 y 2023.

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria de facto Dina Boluarte en un juicio político exprés el 10 de octubre.

El derechista Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del Parlamento, asumió el cargo de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregarlo al elegido en los comicios generales del próximo año.

Antes del inesperado cambio de presidente, jóvenes, transportistas, artistas y otros sectores convocaron a la protesta en una demostración más del profundo malestar con la clase dirigente. Perú ha pasado por siete gobiernos en la última década, incluido el que se instaló en sustitución de la impopular Boluarte.

Al caer la noche, manifestantes avanzaron por el centro e intentaron derribar las vallas de seguridad instaladas afuera del Congreso. La policía los dispersó con gases lacrimógenos y golpeó con sus escudos y bastones a los grupos que les lanzaban piedras y fuegos artificiales.

Hubo un “alto grado de violencia, de daño a la propiedad pública (...) de agresión a los policías”, dijo el general Óscar Arriola, comandante general de la policía a radio RPP. Las organizaciones de derechos humanos aún no informan de manifestantes heridos.

Jerí rechazó la violencia de lo que llamó un “grupo reducido” de manifestantes. “La expresión ciudadana en las calles es un derecho ante la falta de atención del Estado por muchos años; sin embargo, no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia”, advirtió en la red social X.

También se movilizaron organizaciones feministas a raíz de una denuncia por un presunto caso de violación en diciembre de 2024, cuando era legislador. La querella fue archivada por falta de pruebas, según el Ministerio Público; sin embargo, las activistas desplegaron una gran bandera peruana con la frase en letras negras: “presidente del Perú José Jerí violador”.