Frente al anuncio de imponer aranceles de 25 por ciento a la importación de vehículos pesados y medianos a Estados Unidos, a partir del 1º de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que buscará un acuerdo con Washington y, de ser necesario, solicitaría una nueva llamada con el mandatario estadunidense, Donald Trump, a fin de evitar esas tarifas.

Indicó que si bien este gravamen no es sólo para México, sino para todos los países del mundo, nuestra nación sería de las más perjudicadas en caso que entre en vigor.

Afirmó que tuvo comunicación con directivos de las firmas del sector de los automotores pesados que se verían afectadas, con quienes se comprometió a que su gobierno hará “todo lo que esté de nuestra parte” para impedir que esta medida se concrete.

Señaló que los diálogos en materia comercial se mantienen, y el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sigue en negociaciones con sus pares estadunidenses.

Asimismo, confió que a partir del entendimiento de seguridad entre México y Estados Unidos –alcanzado con la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio–, se eliminen los aranceles que Trump impuso bajo la premisa que eran necesarios mayores avances contra el tráfico de fentanilo, pues cifras oficiales del gobierno estadunidense han confirmado la disminución en el paso de esa droga hacia su territorio.

“Todavía tenemos 25 por ciento de arancel en lo que no entra en el T-MEC. Desde nuestra perspectiva, es más un tema comercial que de seguridad. Pero como el tratado comercial es ley, la única manera en que ellos podían poner un arancel era orientado a la seguridad.”

Consideró que en un primer momento la imposición arancelaria pudo tener motivos de seguridad, a raíz del entendimiento en la materia no se sostiene “Queremos que, en ese marco, bajen los aranceles vinculados con fentanilo”.

En otro momento de su conferencia en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo afirmó que México no acompaña investigaciones de Washington, particularmente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), si no envían pruebas suficientes que las sustenten.

Este fue el caso de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra la diputada federal morenista, Hilda Brow, de presuntos vínculos con Los mayos, facción del cártel de Sinaloa; y el de tres instituciones financieras nacionales, acusadas por el Departamento del Tesoro de supuesto lavado de dinero.

“Aquí no se encontró absolutamente nada, tampoco evidencia suficiente con las pruebas que ellos enviaron”, por lo que las autoridades mexicanas no pueden actuar sin sustento legal.