on el respaldo de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud mediante la cual se prohíbe la venta de las llamadas bebidas energéticas a menores de edad debido a los daños que pueden generar en su salud, en particular cuando se toman en combinación con el alcohol. Si bien la enmienda define a dichas bebidas como aquellas que contienen ingredientes como cafeína, taurina, glucuronolactona, vitaminas del complejo B y azúcar, además de otros compuestos sintéticos, los legisladores introdujeron una reserva a fin de que sea la Secretaría de Salud la que establezca “las diferentes categorías de bebidas ‘energetizantes’ en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, conforme a los estándares internacionales reconocidos, a fin de catalogar las que ameriten restricciones de consumo en determinadas poblaciones, alertas sanitarias específicas o restricciones para su publicidad o comercialización”.

a semana pasada, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se celebró la cuarta Reunión de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT), reconocida como el principal foro de discusión mundial en la materia. En ella participaron jefes de Estado y de gobierno, así como ministros y secretarios de salud, con el objetivo de establecer una visión global compartida para la prevención y el control de las ENT y de las condiciones de salud mental.

ntre 70 por ciento y 90 por ciento de las armas en México provienen de Estados Unidos, país en el que la demanda de drogas es gigantesca, y la oferta de armas, descomunal. Nación donde pistolas, rifles y metralletas pueden comprarse fácilmente en alrededor de 75 mil tiendas establecidas en las que un adolescente adquiere un fusil de asalto con mucho mayor facilidad que una cerveza en un supermercado.

l credo neoliberal rigió durante muchos años la estrategia de crecimiento en México. Quedó inscrita, en la conciencia colectiva, la consigna de comprar lo requerido donde fuera más barato y sencillo de adaptar y transportar. Lástima que ese precepto no se extendiera a los políticos, legisladores o funcionarios públicos. Se hubieran ahorrado ingentes cantidades de recursos.