Quito. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización en su tipo en el país, denunció el asesinato de un manifestante de un pueblo originario a manos de las fuerzas armadas ayer durante el paro nacional indefinido contra el alza a los precios del combustible.

Más tarde, el mando castrense reportó que 12 militares resultaron heridos cuando custodiaban un convoy de alimentos que abastecería a zonas del norte, y fueron “emboscados” por grupos “infiltrados”.

La eliminación del subsidio al diésel, que esta vez incrementó el valor del combustible de 1.80 a 2.80 dólares por galón, ya provocó violentas protestas durante los gobiernos de los ex presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso en 2019 y 2022, respectivamente, estas últimas con un saldo de seis muertos y más de 600 heridos.

La Conaie aseguró que el comunero kichwa Efraín Fuerez, de 46 años, fue “acribillado con tres disparos” y murió ayer en el hospital de Cotacachi, a poco más de 100 kilómetros de Quito. Al cierre de esta edición, ni la policía ni el ejército se habían pronunciado sobre la acusación.

“Responsabilizamos a (el presidente) Daniel Noboa, exigimos una investigación inmediata y justicia para Efraín y su comunidad”, expusieron representantes del movimiento autóctono en la red social X sobre el “padre de dos hijos y pilar de su familia”.

Imágenes compartidas por la Conaie en redes sociales muestran a dos hombres en el suelo, uno aparentemente herido y el otro intentando socorrerlo. Segundos después, un grupo de militares se baja de un tanque y los ataca a patadas.

La organización de defensa de derechos humanos Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, la primera en denunciar la muerte, rechazó el “uso letal e ilegítimo de la fuerza pública”.

Además de Fuerez, “otra persona permanece en estado crítico producto de la represión”, agregó en un comunicado.

“¡Alto el fuego contra manifestantes! Protestar es un derecho, no puede costar la vida”, publicó en X la relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, Gina Romero, quien un día antes advirtió que “la sociedad civil está siendo perseguida” y pidió al gobierno ecuatoriano no permitir el “uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales”.

La Fiscalía, en tanto, dijo que abrirá una investigación para esclarecer el fallecimiento.

Con miras a desactivar las protestas, que arrancaron el pasado martes, Noboa declaró el estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país. En cinco, además, hay toque de queda nocturno.

El mandatario aseguró que la banda venezolana Tren de Aragua está detrás de las movilizaciones y advirtió que los manifestantes que incumplan la ley “serán denunciados por terrorismo e irán 30 años presos”.

Los manifestantes desafiaron al Ejecutivo de Noboa con barricadas de tierra, piedras y troncos, además de enfrentar a las autoridades.

El nuevo paro nacional ya deja decenas de detenidos, según el Ministerio de Interior, y denuncias de abuso policial, según activistas.

Los pueblos originarios representan casi 8 por ciento de los 17 millones de habitantes de Ecuador, según el censo más reciente. Líderes autóctonos sostienen que, de acuerdo con estudios antropológicos, suman 25 por ciento.