La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, que regula la prohibición de la publicidad, venta y uso de cigarros electrónicos, y que incluye el fentanilo en la lista de estupefacientes vedados, así como las atribuciones de la Secretaría de Salud para coordinar la compra consolidada de medicamentos.

El documento también prevé fortalecer las atribuciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en materia de vigilancia sanitaria y de medidas de control para productos y servicios que presenten riesgos a la población.

La propuesta incluye cambios en otros rubros, que van desde incorporar la telesalud y la telemedicina, hasta el control de plaguicidas altamente peligrosos, e incluso ampliar los mecanismos alternativos de solución de controversias, con objeto de reducir “el uso innecesario de recursos judiciales” por casos de mala práctica médica, negativa de servicios o incumplimiento de tratamientos. En el caso de los vapeadores, cuyo uso se prohibió desde la reforma al artículo cuarto de la Constitución, la reforma a la Ley General de Salud prevé que se cancele su producción, distribución, venta, publicidad y uso en todo el territorio nacional y se apliquen multas de 100 a 2 mil veces el valor diario de la UMA y prisión de uno a ocho años.

En 2022, cita el texto, 2.6 por ciento de la población adolescente de entre 10 y 19 años de edad, cerca de 500 mil, hizo uso de los sistemas o dispositivos electrónicos, en vez de productos derivados de tabaco, y en el rango de 20 años o más, fue de 1.5 por ciento, esto es, 1.3 millones de usuarias en el país.

Refiere que la Secretaría de Salud ha constatado que estos dispositivos electrónicos producen tres tipos de daños a la salud: respiratorios, por la inflamación del tejido pulmonar; cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea, y mutagénicos, que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones a nivel reproductivo.

La reforma prevé que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo los procedimientos de contratación consolidada y promoverá en éstos la participación de personas físicas o morales que acrediten contar con inversión nacional en la cadena de producción de medicamentos, dispositivos médicos y demás insumos para la salud, o con el inicio de instalación de fábricas, laboratorios o almacenes que formen parte de dicha cadena.