l pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó los tabuladores salariales de septiembre a diciembre de este año, en los cuales se establece que ministros, magistrados, jueces y altos mandos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como del propio OAJ y del Tribunal de Disciplina Judicial, no percibirán ingresos superiores a los de la presidenta Claudia Sheinbaum, tal como lo establece el artículo 127 constitucional.
Asimismo, se acabarán privilegios como la seguridad social privada de lujo para altos funcionarios, quienes ahora estarán afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). De acuerdo con el ministro presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, estas medidas permitirán un ahorro de 300 millones de pesos al año. Sin embargo, debe acotarse que no aplicarán a los trabajadores con suspensión judicial vigente para seguir viviendo al margen de la ley, que desgraciadamente conforman la inmensa mayoría de la alta judicatura.
Los cambios para que la cúpula judicial se ajuste, por fin, a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos forman parte de las transformaciones con las que la primera generación de togados elegida democráticamente busca diferenciarse de sus antecesores, y en particular del bloque conservador de la Suprema Corte encabezado por Norma Lucía Piña Hernández. Debe recordarse que la estructura del Poder Judicial vigente hasta el pasado 31 de agosto fue diseñada e implementada a dedo por el ex presidente Ernesto Zedillo para instalar a incondicionales a su persona y al proyecto neoliberal y que, fiel a su origen, operó siempre de espaldas al pueblo tanto en lo simbólico como en lo sustancial.
Cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ministros de la SCJN se embolsaban 700 mil pesos mensuales, algunos de los aludidos lo desmintieron de forma vehemente e incluso se victimizaron como supuestos objetos de una campaña de desprestigio por parte del titular del Ejecutivo. Sin embargo, el hecho es que clasificaron como confidenciales sus remuneraciones, con lo que negaron a la sociedad el derecho a saber cuánto costaba mantener a quienes un día sí y otro también boicoteaban los intereses nacionales. Entre los gastos que no pudieron ocultar se encontraban salarios que excedían los 200 mil pesos mensuales, aguinaldo, pago por riesgo, seguros privados, primas, vehículos privados, viajes para ellos y sus familias e incluso expensas personales como trabajadores domésticos para sus domicilios privados y decenas de miles de pesos para gasolina, todo lo cual sumaba más de 5.6 millones de pesos anuales por cada integrante del máximo tribunal.
Pese a ese nivel de dispendio, el mayor costo del Poder Judicial no ha estado en sus agraviantes remuneraciones, sino en sus sentencias con las que pusieron en libertad a los mayores saqueadores del erario, protegieron a evasores fiscales, frenaron obras públicas, validaron fraudes electorales que ocasionaron decenas de miles de muertes, y una lista de despropósitos contra la sociedad y las instituciones mexicanas.
La cabeza de la judicatura, la Suprema Corte, había llegado a una degradación tal que hoy parece extraordinario verla hacer algo tan elemental como acatar la Constitución. Cierto es que los 300 millones de pesos ahorrados son una fracción casi insignificante del presupuesto y no cambiarán el rumbo de la economía nacional ni de la administración pública, pero la ley y la decencia obligan a los funcionarios a cuidar cada peso en un país en el que tantas personas todavía carecen de lo más básico. Cabe esperar que los gestos iniciales del nuevo Poder Judicial no sean propagandísticos ni efímeros, sino los primeros pasos de un rescate profundo de los valores republicanos en esta rama del Estado.
