a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer que los bancos ya no podrán deducir de impuestos las aportaciones que realizan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con lo que el erario recuperará alrededor de 10 mil millones de pesos al año. La mandataria enfatizó que con la modificación legal incluida en el Paquete Económico 2026 se pondrá fin al despropósito de otorgar beneficios fiscales a los bancos por los pagos a la deuda originada en el Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa).
Debe recordarse que este pasivo proviene del más grande fraude perpetrado contra la nación en el último medio siglo, la conversión de la deuda privada de banqueros y empresarios en deuda pública que se paga con recursos de todos los mexicanos. Esta operación, impulsada por el ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y aprobada con el apoyo del panismo en el Congreso en 1999, ha supuesto una carga para las finanzas públicas y una vía de transferencia de la riqueza nacional a la oligarquía creada por el salinismo y el zedillismo, beneficiaria de billones de pesos que le son entregados puntualmente y con total opacidad.
Aunque el monto original de la deuda del Fobaproa-IPAB ascendía a 687 mil 844 millones de pesos en diciembre de 1999 y Zedillo aseguró que se habría liquidado en menos de 20 años, el hecho es que han transcurrido casi tres décadas, el pasivo ha aumentado a un billón 159 mil 484.8 millones de pesos y sólo por concepto de intereses ya se han desembolsado más de 2 billones de pesos, equivalentes a 6 por ciento del producto interno bruto de 2024, o a una quinta parte del presupuesto federal de este año; 4.5 veces lo destinado al sector educativo y más de 30 veces lo asignado a salud.
Más allá de las cifras, indigna que la inmensa mayoría de este pasivo –alrededor de 96 por ciento– no proviene del rescate a los pequeños ahorradores que perdieron sus fondos en la crisis de 1994-1995, como repite falazmente la mitología neoliberal, sino del salvamento a empresarios y banqueros ineptos o corruptos (o ambas cosas), quienes llevaron a la quiebra las entidades financieras y las empresas privatizadas por Carlos Salinas de Gortari a precios de remate y, muchas veces, entregadas a amigos y patrocinadores del ex mandatario y su círculo cercano.
Por ello, aunque los 10 mil millones de pesos que dejará de perder Hacienda sean irrisorios al lado del colosal saqueo del Fobaproa-IPAB, la medida dada a conocer por la Presidenta introduce un mínimo de sensatez y justicia en esta historia de depredación. Al mismo tiempo, la persistencia de la deuda y la sangría que supone al país constituyen una de las mejores advertencias contra las políticas neoliberales y sus defensores.
