Buenos Aires., El presidente de Argentina, Javier Milei, y su entorno, agravaron aún la crisis política que sacude al país y ahora enfrentan también problemas diplomáticos.

En un fuerte comunicado, la embajada rusa lamentó “observar que en el contexto de otro escándalo político interno (Argentina) de gran repercusión mediática, nuestro país (Rusia) vuelve a ser mencionado de forma negativa”.

Moscú desmintió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo que la filtración de audios de Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria de la Presidencia, y de Diego Spagnuolo, ex director de la agencia de Discapacidad, son parte de “un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y de la Asociación del Futbol Argentina (AFA)”.

La embajada de Rusia manifestó que en las horas pasadas “se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en la Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al gobierno”, pero “no se ha aportado ninguna prueba al respecto”.

Rechazó además “categóricamente” las acusaciones que considera “falsas e infundas”, y afirma que “el deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”, al tiempo que recordó en el comunicado que recientemente Milei denunció la existencia de un supuesto grupo de ciudadanos rusos operando en Buenos Aires para favorecer los intereses geopolíticos de Moscú.

Represión sistemática

Por otra parte, varios juristas consideran que el fallo del juez Alejandro Patricio Maraniello, que dispuso esta semana una herramienta cautelar prohibiendo la difusión de los audios de Karina Milei y Spagnuolo que tanto comprometen al gobierno, es también “un acto de censura previa contra el periodismo, los medios de difusión y la libre expresión”.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa denunció que existe un nuevo ataque de la administración Milei contra el periodismo, y se expresa en la represión sistemática a fotorreporteros y cronistas en el Congreso y en las “patotas digitales” contra comunicadores, con un objetivo claro de disciplinamiento.

La cautelar del juez Maraniello también fue rechazada por el Foro de Periodismo Argentino que afirmó que va en contra de los estándares nacionales e internacionales en la materia.

Asimismo, ayer se presentaron dos denuncias penales contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, agravadas al conocer que 14 minutos antes de que el juez Maraniello firmara la cautelar para prohibir la difusión de los audios, el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, anunció que el gobierno denunció una operación ilegal de inteligencia detrás de la filtración de éstos.

Fernando Soto, enlace de Bullrich con los tribunales de Comodoro Py, donde la mayoría de los jueces pertenecen al “partido judicial”, denunció que las “principales figuras del gobierno nacional” están siendo atacadas mediante una “burda operación de inteligencia no institucional” de grupos que intentan derrocar a Milei.

El gobierno acusa al peronismo (kirchnerista) de actuar con aliados extranjeros (Rusia, Bolivia y Venezuela) y que existen grupos de inteligencia ilegal operando en el país, lo que “debería de haber sido denunciado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side), que está bajo el control del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien parece que Bullrich también quiere acusar.

¿Quién puede entender esta extrema confusión en las filas del propio gobierno?.

Por lo pronto, la oposición exige una inmediata aclaración de los sucesos que conmueven al país y una investigación profunda e inmediata de las denuncias de graves delitos de corrupción, de abusos del poder y de un autoritarismo inocultable y muy grave para la vida democrática del país.

Por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, suspendió su visita al país que debía cumplir esta semana, invitado por Milei.

Varias organizaciones anunciaron que lo declararían “persona no grata” mientras dos estudios de abogados ingresaron denuncias penales para detenerlo si pisaba suelo argentino, porque este país es integrante de la Corte Penal Internacional que pidió su captura como criminal de guerra.