Aunque cuenta con múltiples candados de seguridad, el padrón electoral de México no es inmune a prácticas ilegales.

En el informe trimestral más reciente del protocolo de actuación frente a irregularidades o uso indebido de la información contenida en esta base de datos, se reportaron 17 servidores públicos involucrados en presuntos actos irregulares.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio vista al órgano interno de control; sin embargo, también se han emprendido acciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel), al advertirse hechos y conductas posiblemente constitutivas de delito.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE) señaló presuntas irregularidades cometidas en distintas entidades, en módulos específicos de atención ciudadana y/o en otras áreas.

Por respeto al debido proceso no se detallan los nombres de los involucrados ni los delitos específicos que se les imputan, únicamente se mencionan los hechos.

Por ejemplo, en el estado de México, el año pasado se acusó a dos empleados del INE de realizar trámites irregulares; mientras en Nuevo León, tres servidores públicos habrían cometido 28 faltas. Todos fueron despedidos sin derecho a indemnización, aunque las investigaciones aún no concluyen.

Los procesos pueden demorar incluso más de un año, ya que no sólo involucran acciones administrativas o penales, sino también temas laborales, e incluso casos de hostigamiento y acoso sexual o en el plano profesional.

En Guanajuato también se identificaron dos servidores públicos involucrados en un trámite irregular. En este caso, desde el año pasado se ordenó un procedimiento laboral sancionador, que aún se encuentra en trámite, al igual que la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel).

Otra anomalía, ocurrida en Chihuahua, lleva más de un año en proceso, al igual que situaciones en el estado de México y Sinaloa. Existen también casos más recientes en Tamaulipas, Veracruz y Nayarit, los cuales continúan en curso tanto en el ámbito laboral como en el penal.

El reporte, correspondiente al periodo abril-junio de 2025, será presentado mañana ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

Actualización en cárceles

El INE prepara una campaña de incorporación y actualización al padrón electoral, el más robusto del país en cuanto a datos personales y biométricos resguardados, que actualmente incluye información de 99.7 millones de mexicanos, incluidos ciudadanos por naturalización.

La llamada campaña intensa se llevará a cabo del primero de septiembre al 15 de diciembre próximos, con el objetivo de convocar a la ciudadanía a cumplir con sus obligaciones relativas a la inscripción y actualización del padrón electoral.

Para esta tarea, la Dirección del RFE solicitó la apertura temporal de 825 módulos, de los cuales 165 estarán enfocados en brindar servicio a personas en situación de prisión preventiva, en centros de rehabilitación y reinserción social del país.