Por una unanimidad, al considerar que pretendió engañar a la autoridad, el décimo tribunal colegiado en materia penal con sede en la Ciudad de México, revocó la suspensión otorgada al ex tesorero del estado de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, quien buscaba mediante un juicio de amparo que se considerara que era objeto de tortura, actos crueles y degradantes y por ello se le permitiera llevar su proceso penal en libertad.

Maldonado Mendoza enfrenta un juicio por desvío de recursos, lavado de dinero y asociación delictuosa, ya que forma parte de la red de ex funcionarios del estado de Michoacán, que vinculados con el ex gobernador de esa entidad Silvano Aureoles Conejo, han sido acusados de desviar más de 3 mil millones de pesos que estaban destinados a la construcción de cuarteles de policía en el periodo de 2015 a 2021.

Esta decisión judicial se tomó al resolver un recurso de queja promovido por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, contra la suspensión otorgada por el juzgado tercero de distrito en materia penal, también con sede en la Ciudad de México, con el argumento de que padecía tratos crueles y degradantes que ponen en riesgo su vida.

En el fallo del tribunal colegiado se validaron los argumentos del Ministerio Público Federal, que señaló: de conformidad con la Convención contra Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, los estados parte pactaron que no se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia sólo de sanciones legítimas, o sean inherentes o incidentales a éstas y refiere que no todo trato en las prisiones debe considerarse tortura.

En el estudio del caso, se estableció que no puede permitirse que el juicio de amparo se convierta en un mecanismo para distorsionar el alcance de dichas normas internacionales con apreciaciones personales, sin sustento normativo o fáctico.

Según la resolución judicial, en este juicio de amparo se evidencia que el quejoso ha pretendido engañar a las autoridades, su argumento de tratos crueles, inhumanos y degradantes no se funda en hechos que impliquen una afectación real, directa o inminente a su integridad personal, sino que descansa en una interpretación subjetiva y sesgada.

Para solicitar el cambio de medidas cautelares, la defensa de Maldonado argumentó que era objeto de actos que han generado un tormento y el peligro de pérdida de vida del quejoso; que debía modificarse la prisión preventiva, por complicaciones médicas a raíz de una enfermedad grave que han calificado como posibles causantes de muerte súbita.