Miércoles 23 de julio de 2025, p. 26
La presidenta municipal morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la Auditoría Superior de Guerrero (ASE) y el Congreso local violaron la suspensión que le fue concedida por el ministro Javier Laynez Potisek, la cual la protege temporalmente contra la revisión de las finanzas municipales por la supuesta falta de comprobación de más de 898 millones de pesos de recursos federales.
La Corte Suprema admitió el recurso de queja, registrado en el expediente 4/2025-CA, y lo notificó en listas judiciales el pasado 18 de julio.
El ministro Laynez, como integrante de la Comisión de Receso, ordenó al Congreso estatal y a la Auditoría Superior dejar sin efecto los actos que presuntamente violaron la suspensión y presentar un informe con pruebas certificadas en un plazo de 15 días hábiles. De no hacerlo, se presumirán ciertos los hechos denunciados y se les impondrá una multa.
La suspensión fue otorgada por Laynez el 25 de junio, al admitir la controversia constitucional 174/2024 promovida por la edil, quien busca frenar una revisión de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) correspondientes a 2023.
No obstante, el municipio denunció que un día después de la suspensión, la ASE y el Congreso la violaron. El síndico procurador Miguel Jaimes Ramos promovió el recurso de queja, en el que narra que el 25 de junio, personal de la ASE “se apersonaron en las instalaciones del ayuntamiento de Acapulco con el objetivo de notificar a la presidenta municipal del proveído de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa… lo cual, considera que transgreden los términos en que fue concedida la suspensión en el presente medio de control constitucional”.
Laynez admitió el recurso de queja, registró las pruebas del municipio para la audiencia respectiva, y ordenó notificar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
El acuerdo judicial establece: “se requiere al Poder Legislativo y la Auditoría Superior, ambos del estado de Guerrero, para que dentro del plazo de 15 días hábiles… dejen sin efectos los actos violatorios de la suspensión… o bien, rindan un informe y ofrezcan pruebas en copias certificadas… apercibidos que de no hacerlo se presumirán ciertos los hechos que se le atribuyen y se les impondrá una multa”.