La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados consideró viable aprobar una ley federal para otorgar protección a candidatos, que tendría un costo de 43.7 millones de pesos al año, de los cuales 27.2 millones tendrían que destinarse a la compra y otorgamiento de vehículos blindados.

En una opinión respecto de la iniciativa que propone la citada ley, la comisión señaló que el gasto calculado sería para cubrir la creación de unidades especializadas y medidas complementarias, que incluyen compra y entrega de teléfonos móviles, instalación de equipo de seguridad en domicilios, adquisición y reparto de chalecos antibalas y detectores de metales.

Durante su sesión de ayer, la comisión dio su opinión en favor de la ley, que todavía debe ser resuelta con dictamen en la Comisión de Reforma Político Electoral, y refirió que el costo de aplicarla se basó en la información de ataques cometidos contra candidatos en la elección federal de 2021.

La iniciativa de la bancada de Movimiento Ciudadano citó que en ese proceso se registraron 782 ataques contra políticos y candidatos, de los cuales 91 derivaron en asesinatos.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, al que se pidió una opinión, tomó en cuenta para sus cálculos esos 91 homicidios como base para estimar los costos de las medidas complementarias, por presentar los escenarios más graves, por lo que los montos promedio (de las medidas de seguridad) se multiplicaron por el número de candidatos asesinados.

En su propuesta, MC propone crear un mecanismo de protección a candidatos, una línea especial de emergencia, una unidad para la recepción de casos y reacción inmediata, un cuerpo estadístico para calcular el nivel de riesgo en relación con los territorios y comunidades que sufren violencia del crimen organizado, una unidad de prevención y equipo de seguridad para los aspirantes.