Cancún, QR., Trabajadores de bares, centros nocturnos y botaneros aseguraron que son un montaje los constantes operativos que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) en los cuales mujeres, supuestamente rescatadas del delito de trata, en realidad son bailarinas y meseras a quienes funcionarios obligan a denunciar que son víctimas del crimen organizado.

En conferencia, la empresaria Leticia Salazar, la abogada Fabiola Cortez y decenas de empleados aseguraron que la fiscalía no atiende los delitos reales de los que sí son víctimas, como el cobro de derecho de piso que les exige la delincuencia organizada. Dijeron que la FGE actúa siempre de la misma forma: una supuesta fiscal encubierta argumenta hallarse en un establecimiento por supuestas llamadas anónimas o denuncias a través de redes sociales, en las cuales se denuncia la presencia de mujeres víctimas de trata, entre ellas extranjeras.

Los inconformes sostuvieron que en realidad no se llevan a cabo acciones oficiales para prevenir y eliminar la trata, e incluso los lugares en los cuales realmente se perpetra ese delito atienden a personas de alto poder adquisitivo, que no son molestadas.

Agregaron que las acciones recién instauradas en 11 centros nocturnos ya derivaron en al menos cinco procesos de extinción de dominio, aunque los dueños de dos de ellos lograron revertir esas diligencias.

Falsos rescates de víctimas de trata

Apuntaron que en esas prácticas anómalas hay la complicidad de una juez y de funcionarios de la FGE. Preguntaron qué hay detrás de esas acciones falsas de rescate de personas víctimas de trata, así como la efectividad real del programa institucional del sexenio Los niños no se rompen, y de foros preventivos.

Anunciaron que a través de la recién creada Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Centros Nocturnos, Bares y Botaneros de Cancún Es Tra, no Tra (Es trabajo, no trata), pretenden estar presentes en los cateos de la FGE, además de dar acompañamiento a empleadas rescatadas, para asesorarlas si se les obliga a aceptar su presunta condición de víctima y señalar a probables culpables, que también son fabricados.

Comentaron que la agrupación tiene unos 500 trabajadores y apenas un empresario, pero por temor no se unen más.