l movimiento magisterial ha puesto el dedo en la llaga. Al demandar la derogación de las leyes de 2007 del Issste y de 2019 en materia laboral, le está mostrando a la nación que el neoliberalismo sigue vivito y coleando y que es necesario revertir esas reformas para recuperar las condiciones justas y dignas para los empleados públicos. La Presidenta ha reconocido que la reforma a la Ley del Issste fue injusta y que le gustaría hacer mucho más, pero a veces el presupuesto no alcanza
. Este reconocimiento importa, pero importa más resolver una demanda fundamental del magisterio y de todas las trabajadoras al servicio del Estado encontrando la manera de hacer más en lugar de afirmar que no puede.
Con el tema del Fobaproa nuevamente en la discusión pública, se reitera la necesidad de actuar para reducir esa deuda. El pasivo inicial de 687 mil 844 millones de pesos, que no debió hacerse deuda pública y no obstante lo aprobaron las bancadas parlamentarias del PRI y el PAN de aquel entonces, ha implicado a la fecha pagos por más de 2 billones de pesos y resta un pasivo de un billón 127 mil 264 millones. Para el gobierno de la 4T se trata de “una historia… complicada, tan truculenta de un rescate de deudas privadas que se convirtieron en deudas públicas”. Fue injusto, según el secretario de Hacienda, pero hay que cumplir con el pago porque se trata de deuda pública.
Los beneficiarios de estas decisiones hechas por los gobiernos de Zedillo y Calderón son los dueños de las Afore y los banqueros privados que compraron los bancos existentes a finales del siglo pasado, de los que sólo han sobrevivido cuatro. Estos grupos empresariales han sido extremadamente rentables. Las Afore, de acuerdo con una nota de Braulio Carbajal ( La Jornada 13/5/25), entre 2013 y marzo de 2025 han tenido utilidades superiores a 134 mil millones de pesos, y en los primeros cuatro meses de este 2025 han ganado 4 mil 702 millones de pesos. Los bancos, por su parte, obtienen utilidades récord con mucha frecuencia.
Junto con estos ganadores hay perdedores: los trabajadores que han tenido que jubilarse a partir de los recursos de su cuenta individual con pensiones indignas; los acreditados que han tenido que pagar intereses exorbitantes por los créditos otorgados por los bancos comerciales. Por esto, cuando se reconoce la injusticia, pero se justifica seguir siendo injusto por razones presupuestales o porque es una deuda del Estado mexicano, hay que reivindicar la necesidad de un sistema de pensiones justo, solidario y redistributivo que permita un retiro digno. El dilema es claro: ¿justicia para quién?
Si de verdad se trata de que por el bien de todos, primero los pobres, importa que no se pongan frente a las reivindicaciones de los pobres los intereses de banqueros y dueños de Afore. El presidente de la Asociación de Banqueros de México reconoció que se vale revisar
el proceso de rescate de los bancos. Señaló que es posible pensar cómo juntos, gobierno, empresa y bancos, podemos hacer que este país continúe avanzando
. Juntos sólo puede avanzarse priorizando los intereses de los grandes grupos de la población. No pueden mantenerse decisiones que están contra los intereses de la mayoría de la población, sino acordar acciones para que las finanzas públicas se fortalezcan y permitan que el presupuesto alcance.
Renegociar los pagarés Fobaproa convertidos en pagarés IPAB es posible. No se trata de repudiarlos, sino de negociar su valor para reducir lo que se paga. Aunque, cono dice el secretario de Hacienda, no representan una restricción demasiado pesada en el presupuesto
, su pago implica el uso de recursos públicos. Estos recursos podrían destinarse a que los empleados públicos puedan retirarse dignamente luego de una vida de trabajo. Seguirá habiendo restricciones presupuestales, pero con pensiones dignas se corregirán faltantes sociales que abonarán el camino hacia un México justo e incluyente.
Reconociendo que hay avances indudables en diversos ámbitos que han permitido mejorar las condiciones de vida y de trabajo de millones de mexicanos, gracias a un liderazgo, como señala la Americas Society, comprometido con el fortalecimiento de la justicia social y el bienestar del pueblo mexicano
, es necesario insistir en que hay mucho por hacer y que las restricciones existentes hay que resolverlas con sentido social. El presupuesto público se hace a partir de las condiciones que existen en el gasto y el ingreso públicos. Pero esas condiciones no son insuperables, pueden y deben modificarse cuando está en juego la justicia social. Así que, por el bien de todos, primero los pobres, no los banqueros.
