l pasado lunes 19 de mayo sostuvimos el Encuentro Nacional de Sindicatos y Empleadores con un eje rector: en estos tiempos de grandes transformaciones, de retos y amenazas, es indispensable replantear la forma en que entendemos y practicamos el diálogo entre quienes producen y quienes trabajan. Este encuentro no fue un acto simbólico ni una escenografía, fue dar continuidad a una etapa histórica en la vida democrática y laboral del país: el nacimiento de un modelo de diálogo social, basado en el respeto mutuo, la construcción de consensos y la responsabilidad compartida.
Reunir a los sindicatos más representativos del país con las principales cámaras empresariales y con autoridades del más alto nivel es un hecho sin precedente. Y lo es tanto por lo que representa en términos de voluntad política como por el contenido profundo que encierra: un reconocimiento de que el crecimiento económico no puede, ni debe, estar desligado de la dignidad laboral. El verdadero desarrollo se construye con justicia social, empleos formales y bien remunerados, condiciones de trabajo seguras y con respeto pleno a los derechos humanos y sindicales.
Desde la experiencia del Sindicato Minero, que tengo el honor de dirigir, puedo afirmar con certeza que el diálogo genuino con los empleadores no debilita las posturas, las enriquece. Año con año, en encuentros bilaterales con representantes de la industria minera, metalúrgica y siderúrgica, tanto nacionales como internacionales, hemos demostrado que es posible debatir, disentir y aun así llegar a acuerdos que mejoren la productividad, sin sacrificar la dignidad de quienes hacen posible esa producción: las y los trabajadores.
Este espíritu de diálogo fue también una de las claves para poner en la mesa, desde el Senado, y asumiendo la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, reformas laborales de enorme trascendencia, como las que impulsé durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las vacaciones dignas, la regulación de la subcontratación u outsourcing, el reconocimiento del teletrabajo, los permisos de paternidad, el derecho a la salud mental en el ámbito laboral y la prohibición de la discriminación, entre muchas otras, no son concesiones, son conquistas nacidas del consenso, el debate público y el compromiso de diversas fuerzas sociales y productivas.
Esta misma energía debe guiar la creación del Consejo Nacional de Diálogo Social: un espacio permanente donde se escuchen las voces de trabajadores, empleadores, expertos, académicos y representantes del gobierno con el objetivo de transformar la experiencia del conflicto en soluciones duraderas, porque el verdadero reto no es evitar las diferencias, sino canalizarlas hacia acuerdos que mejoren la vida de millones de personas. México tiene la oportunidad de convertirse en un referente internacional en materia de derechos laborales.
En ese contexto, la participación activa del sector obrero en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cobra importancia estratégica. Durante el segundo semestre de este año se abrirá una nueva etapa de análisis y negociación, y desde las organizaciones que encabezo –el Sindicato Minero, la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) y la Asociación General de las y los Trabajadores (AGT)– aportaremos nuestra experiencia para fortalecer especialmente los capítulos laborales y medioambientales.
La armonización internacional de las legislaciones sobre los derechos laborales, que se hace evidente en este tipo de tratados, es de la mayor relevancia: permite la competencia leal entre sectores y no la precarización de un país por ofrecer mayor apertura al abuso laboral, como jornadas más largas y menores salarios y prestaciones. Así, es esencial que los países involucrados estén coordinados en sus políticas laborales.
De este modo, no se trata de obstaculizar el comercio ni de frenar la inversión: se trata de garantizar que los beneficios del crecimiento económico se repartan de manera más justa y que la competitividad de México no se base en la precariedad, sino en el talento, la seguridad y la salud de su fuerza laboral. Como he dicho tantas veces: no puede haber paz laboral sin justicia salarial.
Un elemento fundamental en esta agenda es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC. Este instrumento, lejos de ser un simple trámite técnico, representa una garantía para la democracia sindical y para la libertad de asociación. Gracias a él, las y los trabajadores pueden denunciar, con resultados concretos y en tiempos razonables, los intentos de imponer contratos de protección o de obstaculizar elecciones libres en sus sindicatos. Proteger este mecanismo es proteger los cimientos de un nuevo sindicalismo más participativo, más transparente y más autónomo. Por ejemplo: desde el Sindicato Minero hemos empleado el MLRR en cuatro ocasiones, mostrando que la justicia estaba de nuestro lado y garantizando dignidad a nuestras y nuestros mineros.
Estamos ante un momento en que nuestro país enfrenta presiones y amenazas unilaterales del extranjero, especialmente del gobierno de Estados Unidos, para intervenir en sus políticas internas. Es urgente y una necesidad consolidar un verdadero Consejo Nacional de Diálogo Social con carácter autónomo y representativo, que permita responder con legitimidad y cohesión a cualquier amenaza externa. Con esto se debe consolidar un modelo laboral más justo y moderno, que respete las decisiones soberanas del país y eleve la calidad de vida de su clase trabajadora.
La reducción de la jornada laboral, el derecho a dos días de descanso y el fortalecimiento del MLRR son avances urgentes que deben defenderse con firmeza y hacerse realidad. Estos logros fueron posibles gracias a la organización y la lucha por un México más digno. La revisión del T-MEC no puede quedar en manos de élites ni de intereses externos: debe incluir la voz, la experiencia y el conocimiento de los trabajadores y sus dirigentes, porque sólo así garantizaremos una verdadera competencia leal entre países, basada en el respeto a los derechos laborales y no en su debilitamiento. Lo que está en juego no es sólo un tratado comercial, sino el modelo de nación, en comunidad con otras naciones, que queremos construir.
No es un camino fácil. Requiere valentía, visión de largo plazo y, sobre todo, profundo respeto por quienes, todos los días, sostienen al país con su esfuerzo: las y los trabajadores. Pero si logramos avanzar en esta ruta, podremos mirar atrás y decir que en este tiempo que algunos llaman de transición, pero que nosotros entendemos como de consolidación, sembramos las semillas de un México más justo, más digno y más solidario. Ese es el horizonte que guía nuestra lucha y nuestro compromiso.
