La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó una nueva sentencia con agravantes contra el feminicida de Sandra Camacho Aguilar, quien fue asesinada hace 12 años en el departamento de su victimario en Tlatelolco. Tras el fallo que calificaron histórico, los familiares y organizaciones civiles clamaron ¡Lo logramos, Sandra. Justicia para ti!

La resolución, aprobada por unanimidad, también sentó un precedente que abre la puerta a todas las procuradurías del país para poner freno al lenguaje sexista y a cosificar a las víctimas en medios de comunicación.

El máximo tribunal del país ordenó al Poder Judicial capitalino dejar sin efectos la sentencia de 50 años contra Javier Méndez Ovalle, el asesino de Tlatelolco, y emitir una nueva que podría alcanzar 60 años de prisión, ya se deberán considerar dos agravantes de género antes ignoradas por la autoridad judicial: el abuso sexual y la relación de confianza generada en redes sociales entre Sandra, de 17 años, y su agresor.

La resolución también ordena dar vista a la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y a su homóloga en la Ciudad de México para que, en colaboración, promuevan las acciones civiles de reparación del daño que consideren pertinentes para evitar la difusión de información, imágenes o datos que involucren a la víctima, así como para, en su caso, solicitar las medidas cautelares necesarias para dicho efecto.

Rodolfo Manuel Domínguez, abogado de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género AC, destacó que la cobertura del caso especuló sobre la vida personal y sexual de Sandra, lo que afectó su derecho a la justicia en condiciones de igualdad. Tuvo esas consecuencias y refuerza estereotipos de género, una revictimización en sus familiares causándoles un sufrimiento adicional.

La familia y representantes de las organizaciones siguieron la sesión desde el exterior de la Corte, entre un escenario de cruces y fotos de Sandra y otras víctimas.