Buenos Aires. El gobierno de Argentina, que preside el ultraderechista Javier Milei, disolvió ayer una comisión encargada de investigar la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, promocionada por él mismo poco antes de causar pérdidas millonarias.

La comisión fue creada en febrero por iniciativa del propio Poder Ejecutivo cuando estalló el escándalo luego de que Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento de $Libra.

La moneda virtual que se había valuado en 0.01 dólares cotizó a unos cinco dólares luego del mensaje del presidente, y se derrumbó tras ventas generalizadas horas después.

La sospecha es que algunos inversionistas pudieron haber contado con información privilegiada para liquidar sus tenencias en $Libra antes del desplome de la moneda virtual.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobierno eliminó la comisión investigadora por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada.

Esa tarea comprendió recabar informes de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central y otras agencias y dependencias oficiales para ser remitida al Ministerio Público Fiscal.

La disuelta comisión estuvo presidida por la jefa de asesores del Ministerio de Justicia y funcionó bajo la órbita del Poder Ejecutivo, algo que causó polémica por estar involucrado en el caso el propio presidente.

Yo no tengo nada qué ocultar [...] yo no lo promocioné, lo difundí, había declarado a la prensa Milei al deslindarse de responsabilidades. Luego agregó que no estaba al tanto de los detalles del proyecto de la criptomoneda.

El caso provocó una denuncia judicial y también es investigado por la justicia de Estados Unidos.

En el marco de la denuncia judicial, la jueza María Servini ordenó la semana pasada al Banco Central que proporcione información sobre las operaciones del presidente y de su hermana, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

También solicitó informes sobre operaciones bancarias y bursátiles de empresarios vinculados a la ­criptomoneda.

El Congreso, por su lado, conformó una comisión investigadora parlamentaria y citó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en su comparecencia, el pasado 29 de abril, negó que el caso se encuadre en una estafa y pidió aguardar el avance de la investigación judicial.

El ministro de Economía, Luis Caputo; el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, también fueron citados por el Congreso, pero se excusaron de concurrir mediante un escrito.

En este contexto, el gobierno aprobó la adhesión del primer proyecto minero bajo un régimen de incentivos que busca atraer inversiones privadas, anunció Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería. Se trata del proyecto de litio Rincón, de la firma angloaustraliana Río Tinto, por 2 mil 500 millones de dólares, en la provincia norteña de Salta.

La industria minera venía expresando preocupación por la demora en la aprobación de los siete proyectos que se habían presentado desde que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) se instrumentó hace nueve meses.

Agradecemos porque todo este tiempo había una ansiedad muy fuerte respecto de qué pasaba con los RIGI de la minería, declaró Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras.