La Cámara de Diputados aprobó anoche la denominada ley nacional para eliminar trámites burocráticos, la cual tendrá la finalidad de suprimir gestiones innecesarias y concentrar el manejo de identidad y datos biométricos de los ciudadanos en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que solicitará la Clave Única de Registro de Población (CURP) a las personas para tener acceso a servicios en la herramienta Llave Mx.

Morena reconoció inconsistencias en la denominación de dicha legislación, pues para hacerla de aplicación obligatoria tendría que ser una ley general o federal y eso implicó una corrección de última hora para que las recomendaciones que emita la agencia en materia de simplificación de trámites sean vinculatorias sólo al gobierno federal y no a estados, municipios, los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos.

Además, se incluyó un artículo transitorio para que los estados homologuen sus leyes con la finalidad de adaptarlas a la legislación nacional.

Exclusiva del ámbito federal

En tribuna, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó una reserva que redactó el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar con la cual se suprimió la obligatoriedad de la ley para estados y municipios, así como para los otros poderes, pues dejar la redacción original habría implicado un daño a su división.

Las leyes federales sólo regulan la competencia exclusiva de la Federación que la Constitución le atribuye, como telégrafos, energía, comercio exterior, del trabajo. Las nacionales tienen otra característica, aunque se aplican en todo el territorio, admitió Monreal. Con la reserva, dijo, queda a salvo el federalismo, la autonomía de los estados y municipios.

Ramírez Cuéllar expuso que las opiniones vinculantes de la Agencia de Transformación Digital sobre los poderes Legislativo y Judicial implicarían un riesgo de que esa instancia concentre funciones al revisar todo el marco regulatorio y ordenar cambios en trámites y servicios.

El PAN consideró que la ley busca controlar los datos, incluso biométricos, de las personas y las empresas, que se ligan al uso de la CURP en la ley de inteligencia, que todavía no se aprueba. Es el control sin medida, en manos de una sola persona, el superagente del espionaje mexicano: Pepe Merino, el líder de la Gestapo mexicana.

La diputada Verónica Martínez García (PRI) también señaló que la ley empodera peligrosamente a una superagencia, que concentrará datos personales, normará trámites, evaluará acciones y regulará procesos. En otras palabras, el gobierno tendrá el control total sobre nuestra información, identidad y acceso a los servicios públicos.