América Latina y el Caribe enfrentan niveles alarmantemente altos de violencia letal vinculada al crimen organizado. La región refleja tasas de homicidios ocho veces superiores al promedio mundial y lo mismo pasa con la victimización que triplica su frecuencia respecto al resto del mundo. En este enclave, México es el país con la mayor diversificación de mercados ilícitos, reportó el Banco Mundial (BM).

La violencia con que opera el crimen organizado en la región exige una acción urgente, enfatizó el organismo. No sólo florece localmente a través del control territorial, la coerción y la extorsión, sino que también a través de la captura de las instituciones del Estado, que han hecho del crimen organizado un poder paralelo en partes de Brasil, Colombia, México y Ecuador, advirtió.

El crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada. Este ya no es un problema aislado; exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos, afirmó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del BM.

Si bien el crimen organizado es un problema de décadas en Colombia, Brasil y México, está expandiéndose a otras partes de América Latina y el Caribe, como parte de una vasta red internacional con actividades tan dispares, como el narcotráfico, el tráfico de migrantes, la minería ilegal y la deforestación, apuntó el organismo. Incluso 12 países de la región se encuentran entre los 50 primeros en 2023 según el puntaje de criminalidad de la Iniciativa Mundial contra el Crimen Organizado Transnacional, consignó.

Más allá de que la creciente demanda mundial de bienes ilegales; “guerras contra el narco”, que terminaron en la reconfiguración de las redes criminales, el aumento en la oferta de armas y la aparición de nuevos sistemas financieros que permiten de manera más sencilla lavar las ganancias de los mercados criminales; la pandemia de coronavirus fue uno de los grandes impulsos al crimen organizado en la región, puntualizó el organismo en su nuevo Reporte económico de América Latina y el Caribe.

La pandemia de covid-19 permitió a los grupos criminales ganar legitimidad y poder en zonas desatendidas por el Estado, les dio a estos grupos la oportunidad de optimizar sus operaciones y facilitó el reclutamiento entre las poblaciones empobrecidas; como ejemplo, algunas zonas de marcada pobreza y desigualdad de México y Colombia, donde estas organizaciones remplazaron al Estado, expone el BM.

Como parte de sus apuntes sobre México, el organismo consigna que el país se encuentra en los últimos lugares en la evaluación de su sistema de justicia, no sólo en qué tan efectivo es su investigación criminal, sino también cuando se evalúa lo oportuna y eficaz que puede ser la resolución. Por otro lado, destaca la estrategia de la Ciudad de México como ejemplo de coordinación entre inteligencia policial e interinstitucional bajo un mando centralizado para restar el crimen.

Combatir la delincuencia organizada no es sólo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento, afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.