n su conferencia matutina de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció beneficios a los trabajadores del sector público que tienen deudas injustas en programas oficiales de vivienda. Entre ellos se encuentran la condonación, reducción o congelación de créditos hipotecarios impagables en sus condiciones actuales, una determinación que beneficiará a unos 400 mil derechohabientes del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), 240 mil de ellos, docentes. Adicionalmente, en lo sucesivo quienes se jubilen en el Issste y tengan 65 o más años de edad cumplidos cuando comiencen sus trámites, podrán recibir una pensión equiparable a su último salario cotizado, hasta un límite de 17 mil 364 pesos, que es el salario promedio de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para complementar las jubilaciones se recurrirá al Fondo de Pensiones para el Bienestar, establecido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado. Cabe recordar que las circunstancias desventajosas para los derechohabientes del Issste derivan de las reformas a esa institución realizadas en 2007 por el gobierno de Felipe Calderón, quien destruyó el sistema de pensiones solidario intergeneracional y lo remplazó por el modelo privatizado de ahorros individualizados por medio de las Afore, lo que llevó a los trabajadores del Estado, que llegaron después de ese año, a tener una expectativa negativa o limitada sobre la jubilación, con expectativa de pensiones sustancialmente menores a las que se tenían con el régimen solidario, según explicó Martí Batres. Esta situación se agravó aún más a partir de 2017 con el cambio del pago de pensiones en salarios mínimos a UMA.

Otro factor que incidió en la precarización de los empleados del Estado y en el deterioro de sus condiciones laborales fue la desfederalización emprendida por los gobiernos neoliberales, lo que se traduce en notables disparidades entre servidores públicos de la Federación y los adscritos a los gobiernos estatales, lo que resulta particularmente notorio en el caso de los maestros. No es exagerado decir que los sistemas de seguridad social y de salud en diversas entidades se encuentran en bancarrota. No es casual que haya sido el gremio magisterial el que se ha movilizado en demanda de la abrogación de las alteraciones legales operadas por el calderonato y el peñato y por el regreso al sistema de pensiones solidario intergeneracional. Demandan que los recursos de los trabajadores para su jubilación sean administrados por el Estado y no por las Afore.

Hoy día, el gobierno federal considera que echar abajo la Ley del Issste de 2007 y pagar las pensiones en UMA presenta diversas dificultades. Sin embargo, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostienen que es impostergable abrogar una ley que consideran neoliberal. Aparte de los anuncios de ayer, la administración de la presidenta Sheinbaum estudia la congelación de la edad mínima de jubilación en 58 años para hombres y 56 para mujeres, el otorgamiento de pensiones de viudez y la eliminación del refrendo de derechos cada dos años.

De esta manera, y siempre mediante el diálogo con los mentores agrupados en la CNTE y los maestros en general, deberá superarse un conflicto que surgió de los afanes privatizadores y de la lógica de saqueo del Estado en décadas anteriores.