Los altos índices de violencia y homicidios en Guanajuato son consecuencia del modelo neoliberal, instaurado durante 33 años de gobiernos del PAN y su alianza con la extrema derecha de El Yunque, sostuvo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Durante la presentación en mañananera presidencial de los resultados de un diagnóstico sobre las causas de la violencia y la inseguridad en esa entidad, la funcionaria destacó que otro factor en el crecimiento de la criminalidad es que por más de una década se han mantenido en sus cargos el fiscal local, Carlos Zamarripa, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca.

Detalló que Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios dolosos en el país, y la incidencia de este delito se incrementó 994 por ciento de 2009 a 2020. En 2023, dijo, esa fue la principal causa de muerte entre jóvenes de 12 a 29 años.

Asimismo, en 2016 la entidad ocupó el octavo lugar nacional en carpetas de investigación por narcomenudeo, en 2018 ya era el segundo y desde 2020 es el primero en indagatorias por este delito.

El reporte, presentado por la titular de la SSPC ante el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que de 1991 a 2024 ha habido siete gobiernos locales de la derecha que aumentaron sus alianzas con el liderazgo tradicional del conservadurismo y la extrema derecha representada por El Yunque, lo que generó desigualdad, alza de delitos y consumo de drogas en la entidad.

Las administraciones albiazules y El Yunque impulsaron la concentración del capital en el corredor industrial, lo que acentuó el rezago educativo y la falta de acceso a la salud y servicios básicos de vivienda, así como precarización de las condiciones laborales.

El diagnóstico indica que el estado es la quinta economía del país y ocupa el primer lugar en captación de remesas y el séptimo en inversión extranjera directa. Además, tiene una posición estratégica envidiable en la red de carreteras y posee una importante infraestructura de ductos de Pemex.

Sin embargo, ocho de los 46 municipios ubicados en el corredor industrial concentran 60 por ciento de los pobres del estado, y León es el ayuntamiento con más pobres del país y el segundo con más gente en pobreza extrema.

Rodríguez planteó que de 2000 a 2018 proliferó el robo de combustible en tierra guanajuatense, donde grupos criminales de Celaya y Los Apaseos operaban sin la intervención de las autoridades estatales y municipales.

El control de esta actividad ilícita, apuntó, lo encabezó el cártel de Santa Rosa de Lima. Y la violencia entre bandas se desató cuando el cártel Jalisco Nueva Generación llegó al estado para pelear la plaza. Toda esta realidad se da en el contexto de la permanencia de altos funcionarios responsables de la seguridad y procuración de justicia del estado.

En el caso del fiscal Zamarripa, tiene 15 años en el cargo, el cual concluirá en 2028, y desde el inicio de su gestión se ha registrado un aumento de 994 por ciento en homicidios dolosos.

Mientras Cabeza de Vaca es secretario de Seguridad desde hace 11 años, y antes era responsable de la seguridad en León, “municipio con el primer lugar nacional en homicidio y narcomenudeo”.